Condenan a 94 años a Pedro Jiménez por asesinar a dos policías en L'Hospitalet

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 93 años y 11 meses de cárcel a Pedro Jiménez después de que un jurado le considerara culpable por unanimidad del asesinato de dos policías en prácticas en 2004 en Bellvitge (Barcelona). Además, deberá indemnizar a los familiares con un total de 900.000 euros La condena es 11 años superior a la dictada por la sección sexta de la Audiencia Nacional en septiembre de 2008, que quedó anulada por el Tribunal Supremo al considerar que debía ser juzgado con un jurado popular.

Jiménez sólo cumplirá sin embargo un máximo de 40 años, aunque los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación de tercer grado y el cómputo del tiempo para la libertad provisional se contará respecto al total de la pena.

Jiménez ha sido condenado por dos delitos de asesinato, uno de violación, otro de profanación de cadáver, de incendio, de robo con violencia, allanamiento de morada y otro de quebrantamiento de condena. El fiscal solicitaba 105 años y 5 meses de cárcel.

El juez le ha absuelto del delito continuado de robo con fuerza en grado de tentativa, que se refería a los dos intentos de sacar dinero con la tarjeta de crédito de una de las víctimas, ya que considera que queda integrado en el delito de robo con violencia porque se trata de un "aprovechamiento ulterior" del objeto robado.

El jurado popular consideró probado que el 5 de octubre de 2004 a las 8 de la mañana, el acusado -que disfrutaba de un permiso penitenciario -acudió a l' Hospitalet de Llobregat y se dirigió a la Rambla Marina de Bellvitge, donde logró introducirse en la portería del inmueble de las dos víctimas, agentes de policías en prácticas, y tomar el ascensor con una de ellas, Silvia N., exhibiéndole una navaja y obligándola a dejarle entrar en su domicilio,.

Jiménez inmovilizó a las dos jóvenes, atándolas de tobillos, manos y cuello, cada una en una habitación distinta, y las amordazó para evitar que gritaran. Después, violó a una de ellas, María Aurora G., antes de asestarle cuatro navajazos por la espalda, causándole la muerte. Posteriormente, Jiménez se dirigió a la habitación donde se encontraba Silvia N. y la apuñaló cinco veces. Tras matarla, la desnudó y la vejó.

Antes de abandonar el domicilio de las víctimas, robó una tarjeta de crédito de María aurora, se cambió de ropa y prendió fuego a un sillón y un sofá situados en el salón del primer piso, a los colchones de tres habitaciones del piso superior -Silvia N. y María Aurora G.- estaban en dos de ellas -y a un montón de ropa que había en una de ellas, "con absoluta indiferencia hacia los numerosos vecinos que en ese momento estaban en sus respectivas casas".

Sobre las 10 de la mañana, el acusado abandonó el edificio. El dos ocasiones, el procesado intentó sacar dinero con la tarjeta de María Aurora. En lugar de regresar al centro Can Brians porque terminaba su permiso, Mustafa K.D. lo llevó a su domicilio, en Girona, donde fue detenido el día 7.

En la sentencia de este lunes, el juez considera que las pruebas mostradas durante el juicio -como la huella de Jiménez en la hebilla del cinturón que ataba a una de las víctimas, el semen encontrado en una de las fallecidas, el hecho de que estuviera en posesión de varios objetos de las jóvenes o la sangre en las zapatillas que abandonó en un restaurante -junto con la "inverosimilitud absoluta de la declaración" con indicios "suficientes y sólidos para establecer la autoría del acusado".

Pedro Jiménez negó durante el juicio haber cometido el crimen. "Siempre que he cometido un delito y me han llevado ante un tribunal, lo he reconocido", explicó el último día. Aseguró que "esta vez" no ha hecho "nada. "He jugado y he perdido, y nunca me he quejado. En este caso sí me quejo", matizó.

La condena es 11 años superior a la dictada por la sección sexta de la Audiencia de Barcelona en septiembre de 2008 -que le condenó a 83 años y tres meses de prisión y a indemnizar a los familiares de las víctimas con un total de 780.000 - que quedó anulada por el TS al considerar que debía ser juzgado con jurado popular.

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