A efectos penales, además de la presunción de veracidad, los profesores tendrían la protección de los jueces
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció la aprobación de una Ley de Autoridad del Profesor, con la que los docentes de la Comunidad madrileña tendrían la condición jurídica de autoridad pública.
Aplicando la máxima de que "no pueda haber libertad sin reglas", la nueva norma trata de otorgar más poder al profesor "en todos los sentidos".
Con la nueva ley, y al contar con la condición de "autoridad pública" los profesores disfrutarían de la presunción de veracidad y, además, cualquier tipo de agresión física o verbal contra ellos, o intento de agresión, sería considerado un delito penal con privación de libertad de uno a cuatro años, naturalmente para el caso de agresores mayores de edad.
Los profesores contarían con el mismo rango de protección de jueces, policías de servicio, pilotos y marinos al mando, inspectores de sanidad y educación.
Sindicatos y asociaciones
Los sindicatos de la enseñanza y las principales asociaciones de padres y madres de alumnos expresaron ayer opiniones diversas al respecto.
CC OO, sindicato mayoritario en la enseñanza pública, considera que el profesorado necesita el "respaldo decidido e incondicional" de las administraciones no sólo para evitar que sufran agresiones verbales o físicas en el ejercicio de su labor sino para que, cuando éstas se produzcan, se tramite la denuncia y la sanción correspondiente para el autor de la agresión.
En el mismo sentido, el sindicato ANPE señala que el reconocimiento de la autoridad pública al profesorado es una "histórica aspiración" de su organización.
"El actual deterioro del clima en los centros escolares hace imprescindible esta medida", asegura el sindicato que valora "muy positivamente" un decisión "beneficiosa para la sociedad, la educación y el profesorado".
Por contra, la Confederación Española de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CEAPA) considera un "despropósito total y absoluto" la propuesta.
El presidente de Ceapa, Pedro Rascón, se preguntó si Esperanza Aguirre pretende recuperar "la vara de avellano" y "el miedo en clase" para regresar a tiempos que "creíamos superados".
Reforzar la autoridad
No comparte esa visión el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, que aplaude el anuncio de la presidenta de Madrid. "Todo lo que se haga para reforzar la autoridad y el respeto hacia los docentes me parece perfecto, en un momento en el que la educación no puede estar peor", aseguró. También se apunta que la autoridad del profesor "debe empezar en la familia".
En cualquier caso, ayer se recordó que la Fiscalía General del Estado aconseja a los fiscales que consideren para los profesores de centros públicos (los de los privados no son funcionarios) la condición de autoridad a efectos penales o de atentado contra la autoridad.
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Aguirre presentó la propuesta ayer en la Asamblea madrileña. EFE
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