Endesa e Iberdrola, propietarias de la central, anuncian que recurrirán a los tribunales y solicitarán indemnizaciones
La central de Santa María de Garoña vivirá cuatro años más, hasta 2013, y se convertirá en la primera nuclear española que superará los 40 años de vida para los que fue diseñada. El Gobierno le concede una prórroga con sabor a componenda de última hora. José Luis Rodríguez Zapatero admitió ayer que la decisión no contenta a nadie -"será criticada desde un lado y desde el otro", afirmó-, pero es "equilibrada, responsable y la que conviene al país".
El veredicto supone una derrota de la opción que el presidente defendía, el cierre en 2011, cuando la central más antigua del parque español cumple cuatro décadas. Esa fecha se ajustaría al compromiso electoral del PSOE y del propio presidente de cierre ordenado al final de la vida útil. Representa, además, un triunfo relativo de Miguel Sebastián.
Subvenciones europeas
Partidario de la prórroga máxima de diez años pedida por la propietaria, Nuclenor -Endesa e Iberdrola al 50%-, el ministro de Industria ha logrado arañar dos más a los que pensaba conceder Rodríguez Zapatero. Habrá un plan industrial y de infraestructuras alternativo para el Valle de Tobalina y comarcas aledañas destinado a absorber al millar de empleos que genera hoy Garoña entre directos e indirectos.
Ese plan aún no tiene dotación económica ni existe más que en líneas muy generales. Incluirá algún tipo de "actividad energética", turismo y compensaciones directas a los ayuntamientos más afectados por el fin de Garoña. Esa zona del norte burgalés está entre las autorizadas por la UE para recibir subvenciones directas a fondo perdido y el ministro de Trabajo dejó caer la cifra de unos 100 millones de euros por ese concepto. "Empezamos ya a trabajar", afirmó Celestino Corbacho.
Corbacho y Sebastián fueron los encargados de explicar una decisión que "no ha sido fácil", dijo el titular de Industria. En ella han pesado más que nada consideraciones laborales. La prórroga de dos años y clausura en 2011 defendidas por el presidente no ofrecían, explicó, margen suficiente para diseñar y activar ese plan industrial capaz de dar trabajo a "todos y cada uno de los trabajadores de la central, directos e indirectos". "Necesitábamos más tiempo", añadió Sebastián, que apeló también a la crisis económica como factor decisivo.
Garoña se desenchufará de la red el 5 de julio de 2013. La orden ministerial que prepara Industria especificará los pasos técnicos y también "las inversiones que aún son necesarias" para garantizar la seguridad en la central.
En 2013 quizá haya un Gobierno de distinto color político. ¿Podría revertir la decisión de cierre y permitir seguir operando a la planta? "Ese escenario no está contemplado en la orden ministerial", repitió Sebastián las tres veces que fue preguntado.
Si Garoña se cierra en 2013, el coste en términos económicos y energéticos será "prácticamente nulo", dijo el titular de Industria. Y no habrá que indemnizar a los propietarios, que han anunciado recursos y peticiones millonarias por lucro cesante, dado que no hay obligación ni compromiso jurídico alguno por parte del Ejecutivo. Sólo a éste corresponde renovar o no el permiso de una central y fijar el plazo para el cierre, salvo que lo ordene el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) por riesgo para la seguridad.
El resto de centrales
Endesa e Iberdrola "son libres de acudir a los tribunales", precisó el ministro, pero quiso tranquilizar al lobby nuclear con el anuncio de que el resto de las centrales españolas renovarán sin problema sus licencias de explotación. Los otros siete reactores nucleares son más jóvenes que Garoña y podrán agotar su vida útil "al menos hasta los 40 años si lo permiten las condiciones técnicas", recalcó Sebastián.
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Concentración ayer de miembros del comité de empresa de la central ante el Ministerio de Industria. EFE
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