El presidente Alan García denuncia "órdenes internacionales" en los actos de los protestantes
Un sangriento rescate de policías que habían sido retenidos por indígenas amazónicos de Perú elevó ayer a más de 50 el saldo de personas muertas en una ola de protestas convertida en el mayor desafío al Gobierno neoliberal de Alan García. El presidente dijo que se enfrentaba "una conspiración", a la que acusó de utilizar "métodos idénticos a los empleados por (la guerrilla maoísta) Sendero Luminoso", y sugirió que los rebeldes podrían estar siguiendo "órdenes internacionales" que no precisó.
Las autoridades peruanas confirmaron que nueve policías murieron en la operación de rescate, con lo que ascendió a 22 el número de uniformados fallecidos desde el viernes, cuando estalló la violencia en una región amazónica a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, agobiada por protestas desde hace más de un mes.
El recuento oficial señaló además nueve indígenas muertos, unos 150 heridos y 72 detenidos, pero un líder de los grupos alzados en supuesta defensa de territorios ricos en recursos naturales dijo que había "más de 30" nativos fallecidos entre el viernes y sábado.
La violencia se desencadenó el viernes, cuando el Gobierno de García intentó romper por la fuerza un bloqueo de carreteras con el que grupos indígenas reforzaron una movilización de varias semanas en demanda de anulación de leyes aprobadas el año pasado para llevar inversiones a zonas ricas en petróleo y gas.
"Estoy seguro de que la población de todo Perú (...) apoyará las acciones contra la agresión subversiva y el terrorismo", dijo García en una declaración escrita, justificando la operación policial-militar a la que acompañó un toque de queda de 15 horas diarias en la región del conflicto.
El mandatario peruano añadió que la movilización de los indígenas amazónicos estaría azuzada por "políticos que predican fórmulas extremistas".
La ministra de Interior peruana, Mercedes Cabanillas, dijo en una previa conferencia de prensa que la protesta amazónica podría ser comparable a la que hace seis años derribó en Bolivia al también presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. "Hay grupos políticos que se aprovechan de la democracia", dijo la ministra.
El Gobierno informó también que tras la operación de rescate en la región amazónica de Bagua, en la que fueron liberados 22 policías, había todavía siete uniformados desaparecidos.
Protesta firme
Al mediodía del ayer, miles de indígenas aún mantenían bloqueada una vital carretera próxima a la localidad de Yurimaguas, en el norte del país, dejando casi desabastecidos de alimentos y combustibles a varios pueblos de la selva.
"Siguen las protestas hasta que se atiendan las demandas", dijo Champion Nonimgo, quien dijo hablar en representación de un comando nacional indígena activado desde que el líder sectorial, Alberto Pizango, pasara a la clandestinidad el viernes tras los primeros choques en la región amazónica.
Nonimgo afirmó que eran más de 30 los nativos fallecidos y que otros 150 estaban detenidos en una base militar. Mientras los líderes nativos denunciaban en Lima la "represión" gubernamental, miles de sus seguidores -entre ellos varias mujeres con sus niños- estaban apostados en la carretera dispuestos a enfrentarse con las fuerzas de seguridad.
Los indígenas, que se comunican en dialecto nativo, tienen una organización vertical y varios de ellos han combatido en las guerras que enfrentaron a Perú y Ecuador en 1981 y 1995.
La Policía también informó ayer que recuperó una estación petrolera de la empresa estatal Petroperú en Bagua, que habían tomado los indígenas en demanda de que el Gobierno cese sus operativos para despejar los bloqueos de carreteras y ríos.
División social
La violencia, que provocó llamamientos a la renuncia del primer ministro Yehude Simon y de la ministra Cabanillas, resaltó las profundas divisiones sociales entre la elite adinerada de Lima y los indígenas pobres que viven en las zonas rurales peruanas.
También puso de relieve la falta de control del Gobierno central sobre las regiones más remotas del país, donde García, cuyos índices de aprobación llegan apenas al 30 por ciento, tiene escaso apoyo.
Sus críticos sostienen que no ha hecho lo suficiente para aliviar el nivel de pobreza del 36 por ciento y que el boom económico que disfrutó Perú antes de la recesión mundial no mejoró las condiciones de los grupos con menos recursos.
Algunas de las leyes que han irritado a los nativos fueron aprobadas por García para abrir paso a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, criticado por los indígenas.
Los líderes indígenas dijeron que los aliados de García actuaron de mala fe cuando el jueves bloquearon en el Congreso un debate sobre la anulación de una de las leyes más polémicas.
"Yo quiero responsabilizar al Gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio", dijo el viernes el líder indígena Pizango, sobre quien pesaba una orden de captura. El primer ministro Simon dijo que no podía confirmar las versiones que circulaban de que Pizango habría buscado refugio en Bolivia.
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Miembros de la fuerzas armadas de Perú vigilan las calles de la localidad de Bagua, a 1.400 kilómetros al norte de Lima y donde se han recrudecido las protestas desde hace un mes.
Varios vecinos de Bagua observan un coche destrozado en las últimas protestas.
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