El letrado aseguró que el ex alcalde tenía declarados todos sus bienes ante el Gobierno y en la Hacienda Foral
El juicio por el caso Galipienzo quedó ayer visto para sentencia después de cuatro sesiones en el Juzgado de lo Penal nº 4 de Pamplona. En sus conclusiones definitivas, el fiscal Javier Muñoz destacó que al ex alcalde de Egüés "le superaban los intereses particulares" y mantuvo para él la pena solicitada desde el principio: 18 meses de prisión y 8 años de inhabilitación para cargo público por los delitos de negociaciones prohibidas y prevaricación urbanística.
El Ministerio Público considera que la compraventa de la parcela S.2.2. en la que intervino Galipienzo como promotor estaba "íntimamente relacionada con su actividad como alcalde". Apuntó que en la compra de la parcela a Conchita Flores, Galipienzo "se quedó atrás" porque el alcalde "no podía aparecer como intermediario". Y por eso, añadió, actuó su socio, José Luis Ruiz, al que considera cooperador necesario: "Si eliminamos a Ruiz no se habría comedio el delito".
El fiscal agregó que cuando Galipienzo entró en la operación "sabía perfectamente que tenía que dar la licencia" (para el apartotel), y acerca de la naturaleza jurídica de la parcela fue tajante: "A estas alturas, ¿alguien tiene dudas de que la parcela ha sido siempre de uso "escolar"? Nunca tuvo la categoría de "dotacional" ni mucho menos "residencial". No doy crédito a la forma de actuar". Sobre la participación de la arquitecta Nuria Alas, dijo que "se tenía que haber abstenido" tras la carta del departamento de Ordenación del Territorio advirtiendo de que la parcela era de uso escolar.
El abogado de la acusación particular, José Ramón Lecumberri Martínez, ejercida por el Ayuntamiento de Egüés, afirmó que Galipienzo "sabía perfectamente su irregular proceder" y "está comprobado que cometió delito". Tildó de "manifestaciones vacías de contenido" lo que dijo Galipienzo en el juicio (que ignoraba la incompatibilidad), y destacó "su afán de ocultamiento" al hacer que Ruiz "diera la cara". Sobre la afirmación de Galipienzo en cuanto a la opacidad de su sociedad (EGDU) en parte por las amenaza del terrorismo, el abogado dijo que "tenía que haber concretado más esa razón de ocultamiento, porque está vacía de prueba": "Era opaca porque no se podía saber que detrás estaba él".
La acusación popular, ejercida por Aralar, apuntó que hubo "un acuerdo de voluntades" entre la parte vendedora de la parcela, (Conchita Flores), el intermediario, (Galipienzo) y el comprador (Aricam). "Creemos que el acuerdo era más amplio: no sólo la venta de parcelas sino también las licencias. Se conciertan dos empresas para comprar la parcela y se conciertan con el alcalde. El acuerdo implicaba que el alcalde iba a conceder la licencia". Por ello, sostuvo Andrés Percaz, Galipienzo recibió "dádivas" de las dos empresas, una que consigue vender por 4,6 millones una parcela "de amapolas con un valor residual" y la otra por construir un apartotel en una "escolar" recalificada por el alcalde.
"No es el caso del siglo"
El fiscal superior, Javier Muñoz, se mostró crítico con la primera instrucción de la juez de Aoiz. "¿Para qué han servido 5 años más si se ve lo que hizo la fiscalía en 3 meses? Hubo una instrucción desenfocada, se investigó sin límite, sin una idea y sin contar con el fiscal. Estos hechos de prevaricación ha habido en la historia de Navarra montones y aquí no estamos en el caso de corrupción urbanística del siglo, que ya ha pasado, ni un caso de cohecho, no hay nada de esa relevancia. Son unos hechos muy concretos ceñidos a unas personas muy concretas".
Muñoz dijo que entendía al abogado de Ignacio Galipienzo, que pidió que se aplique en caso de condena la atenuante de dilación indebida del proceso.
El ex alcalde de Egüés, Ignacio Galipienzo, en la entrada del Palacio de Justicia de Pamplona el pasado miércoles. JOSE ANTONIO GOÑI
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