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El Gobierno acatará las decisiones de la Comisión sobre la Ley del Aborto

El Comité de Aído planea sanciones penales atenuadas a las mujeres que aborten ilegalmente

Actualizada Sábado, 7 de marzo de 2009 - 17:14 h.
  • AGENCIAS. Madrid

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó hoy que el Gobierno va a seguir las recomendaciones del Comité de Expertos del Ministerio de Igualdad sobre la futura Ley del Aborto y rechazó la posibilidad de que pueda haber mujeres "injustamente incriminadas". El comité no descarta sanciones penales atenuadas para aquellas mujeres que aborten fuera de los plazos y supuestos previstos en la futura legislación. No obstante, según el documento de los expertos, las sanciones no implican penas de cárcel. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, denunció que el PSOE "se disfraza de benefactor de la Humanidad diciendo que hacer que el aborto sea libre es ampliar los derechos de las mujeres", algo que, a sus ojos, es "utilizan obscenamente a las mujeres para tapar el tremendo fracaso" de las políticas del Gobierno.

Zapatero acudió hoy a un acto institucional del Ministerio de Igualdad con motivo del Día Internacional de las Mujeres, y arrojó luz sobre la postura del Gobierno ante la propuesta del Comité de Expertos en relación a la reforma de la Ley del Aborto, que se presentó el viernes en el Consejo de Ministros. "No queremos que en España pueda haber ninguna mujer injustamente incriminada, humillada e insegura porque desea interrumpir su embarazo", subrayó el presidente. Además, destacó que el Gobierno seguiría las recomendaciones fijadas por el comité y aprovechó la ocasión para mostrar su satisfacción por la creación del Ministerio de Igualdad, enfatizando que éste será el primer 8 de marzo con un ministerio dedicado a "luchar por la igualdad".

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifestó en el mismo acto que el Gobierno se esforzará por ofrecer una ley más segura que ofrezca mayores garantías, una ley "más madura" y acorde con la del resto de los países europeos. "No podemos permitir que las mujeres puedan ser penalizadas por la dolorosa decisión de interrumpir el embarazo", apostilló la ministra. Por último, añadió que hay que luchar para que la igualdad no sea una "utopía", sino una "realidad".

Tras las declaraciones de la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, el Comité de Expertos del Ministerio que elaboró el informe aseguró que no se descarta la posibilidad de sancionar penalmente a las mujeres que aborten fuera de los límites legales establecidos por dicha ley. La propuesta presentada al Gobierno aboga por el aborto libre hasta las 14 semanas y hasta las 22 en caso de grave anomalía en el feto o de riesgo para la vida o la salud de la madre. Además, sugiere que se pueda interrumpir el embarazo sin límite de tiempo, sólo en el supuesto de malformaciones incompatibles con la vida. Asimismo, el informe apuesta por rebajar el límite de edad legal a 16 años, para que las adolescentes que se queden embarazadas, puedan decidir abortar sin necesidad de una autorización paterna, pues según Aído, una joven de esa edad "puede casarse o tener hijos".

En el caso de que las mujeres incumplan los plazos y los supuestos predeterminados, el documento plantea un "castigo atenuado", que "en cualquier caso, debería recurrir a penas no privativas de libertad", y añade que ésta es la "opción mínima". En cambio, el documento también abre la posibilidad de optar "por una propuesta de máximos", para lo que sería necesaria la modificación del artículo 145.2 del Código Penal, de modo que se especificara que "la embarazada no será penada a tenor de este precepto". De elegirse este segundo caso, la mujer no tendría ninguna responsabilidad penal.

Para los que participen en un aborto consentido, realizando la interrupción "antes de finalizar el periodo de reflexión" de la mujer (de al menos tres días) o no entreguen la información sobre los aspectos médicos de la intervención y las ayudas a las embarazadas, así como en caso de "defectos sustanciales en los dictámenes exigidos en las indicaciones", el grupo de expertos "también recomienda la creación de un tipo penal atenuado". La sanción será una multa económica y tiene una excepción: que se incumpla el requisito del consentimiento informado o del dictamen "en caso de urgencia vital para la gestante" y que no se cumpla el periodo de reflexión "cuando se agote el plazo legal para interrumpir el embarazo".

En cualquier caso, deberá ser un "médico especialista distinto del que practique la intervención" quien valore si la mujer se puede acoger a los supuestos que contempla la nueva ley, con el objetivo de evitar las fisuras de la actual norma.

Para desviar la atención

En un acto organizado por el PP en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aprovechó la ocasión para acusar al PSOE de desviar la atención de la crisis, utilizando el tema del aborto. "Como el Gobierno socialista ya no sabe ni cómo disimular el fracaso de sus políticas, se saca de la manga un asunto muy delicado, sobre todo para las mujeres, para que los españoles no le presten atención a la crisis", aseguró.

En este sentido, apuntó que el Ejecutivo central "se envuelve en la bandera de la demagogia y presenta un proyecto para que puedan abortar libremente las niñas a las que por Ley no se les permite ni siquiera tomar una cerveza". "Lo que le interesa (al PSOE) es que se organice un debate falso sobre si el aborto es un derecho y que con eso se olvide de los errores catastróficos del Gobierno de Zapatero, que lo que está haciendo es arruinar la vida de millones de españoles. El aborto no es un derecho sino una tragedia. Este debate es una trampa más que nos quieren poner y en la que no vamos a caer", proclamó.

Por último, Aguirre destacó la importancia de cambiar el rumbo que ha tomado la reforma a la hora de tomar decisiones que afecten a esta ley. La dirigente regional abogó por que las reformas que se hagan en este campo vayan orientadas "en la dirección contraria", no en el sentido de "generalizar el aborto como método anticonceptivo".

Las deficiencias de la ley actual

Con la legislación vigente "se ha llegado a tal extremo que basta el informe de un psicólogo" que diga que el embarazo podría afectar a la salud de la mujer para poder abortar. Por ello, el Comité de Expertos ha fijado este requisito, y evitar así que se cometan "barbaridades", como interrumpir un embarazo por encima de las 22 semanas, límite a partir del cual el feto puede sobrevivir fuera del útero materno.

Asimismo, consideran que la actual norma "es un coladero que ha dado lugar a que se cometan auténticos disparates como abortar a las 28 semanas de gestación" y añaden que esta posibilidad "no está contemplada en ninguna legislación del mundo". En el comité están en contra de realizar una "maniobra feticida" a partir de las 22 semanas y piden que desde ese límite de tiempo sólo se interrumpa el embarazo "para sacar el feto y colocarlo en un incubadora", manteniendo la excepción de malformaciones incompatibles con la vida. "No hay ninguna explicación ni constitucional o moral para cargarse a un ser vivo de 26 ó 28 semanas, porque podría vivir fuera del útero materno", justifica el Comité, y recalcan que la propuesta pide "más rigor para que los supuestos no se conviertan en una válvula de escape", lo que implicaría "más seguridad a las mujeres, a los médicos y al nasciturus".

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Comentarios
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  • El aborto siempre es un delito, aunque en ciertas condiciones no sea perseguido o, como se dice, esté despenalizado. El cometer un delito nuca puede ser un derecho. Sólo mentes desnaturalizadas pueden sostener salvajadas de este tipo. José Masila

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