El Gobierno modifica la Ley de Impacto ambiental para agilizar tramitaciones y estimular la economía

El Consejo de Ministros aprobó hoy, a propuesta de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, una modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para facilitar una agilización de los trámites y como estímulo a la actividad económica. Esta modificación del Consejo de Ministros será enviada a las cámaras para su aprobación definitiva.

Según explicó hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el objetivo de esta reforma es también aumentar la transparencia y aclarar la responsabilidad de los órganos administrativos y agentes que participan en el procedimiento.

La iniciativa del Gobierno no tendrá carácter básico porque sólo se refiere al ámbito de la Administración General del Estado y no afectará a los expedientes iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, dado que aquellos se regirán por la normativa anterior.

Sin embargo, se establece una disposición transitoria por la que las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, formuladas por la Administración General del Estado con anterioridad, sobre evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente, mantendrán su validez durante un plazo de tres años contados a partir de la entrada en vigor de esta nueva Ley.

Con estos cambios, el estudio de impacto ambiental que realiza el promotor no podrá exceder de un año, contando desde el momento en el que éste recibe la notificación sobre la determinación del alcance de su estudio ambiental. Si transcurrido este plazo, el órgano ambiental no ha recibido el estudio de impacto ambiental, el documento técnico y el resultado de la información pública, procederá a archivar el expediente.

También se reduce a la mitad el plazo de remisión del expediente completo por el órgano sustantivo al órgano ambiental, una vez terminado el trámite de información pública. A partir de ahí, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de tres meses para formular la declaración de impacto ambiental, contados a partir de a recepción completa de expediente.

Información al público

Se añade también un nuevo apartado para clarificar las fases de actuación y poner a disposición del público en general, información relativa a los expedientes en tramitación con indicación de las fases en que se encuentran, identificando el órgano responsable de la tramitación de dicha fase, bien sea el órgano ambiental, órganos sustantivos o promotor.

De este modo, según el ministerio de Medio Ambiente, las modificaciones introducidas se centran, por un lado, en precisar las fases en las que se concretan los trámites necesarios para realizar una evaluación de impacto ambiental y por otro lado, a reducir y adecuar el plazo para la ejecución del procedimiento. Se determina también el efecto del incumplimiento del plazo.

"Se quiere conseguir que la Ley sea un instrumento más eficaz, que incremente la transparencia de las actuaciones y ayude a clarificar la corresponsabilidad de los distintos órganos administrativos y agentes que intervienen en el procedimiento", añade.

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