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Marsans da un ultimátum a Argentina antes de iniciar el juicio por Aerolíneas

Si el acuerdo no se produce antes del jueves próximo, el grupo español demandará a Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones

Actualizada Viernes, 21 de noviembre de 2008 - 19:22 h.
  • AGENCIAS. Buenos Aires (Argentina)

El grupo español Marsans ha dado un ultimátum al Gobierno argentino para acordar en el plazo de una semana una solución "amistosa y confiable" por la controversia en torno a Aerolíneas Argentinas antes de acudir a un tribunal internacional.

Si el acuerdo no se produce antes del jueves próximo, el grupo español demandará a Argentina ante el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversiones (CIADI), tribunal dependiente del Banco Mundial, confirmaron hoy fuentes de Marsans.

Marsans ha enviado una carta dirigida a la presidenta argentina, Cristina Fernández, en la que le anuncia cuales serán sus próximos pasos legales si la "solución amistosa" no se produce en una semana.

El grupo español resolvió acudir a esta instancia luego de que una comisión parlamentaria recomendara el martes pasado al Legislativo debatir una ley para expropiar Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria para vuelos domésticos, Austral.

El trámite parlamentario se iniciará la semana próxima y fuentes legislativas no dudan de que saldrá aprobado por la mayoría oficialista en las Cámaras.

El Gobierno argentino y el grupo español firmaron en julio pasado un acuerdo para iniciar las negociaciones para la venta al Estado de la línea aérea, pero las conversaciones naufragaron por diferencias en las tasaciones de ambas partes.

A juicio del Estado, la empresa tiene una valoración negativa de 832 millones de dólares, por lo que no debería pagar nada, mientras que para Marsans vale entre 330 y 546 millones de dólares, según determinó el banco Credit Suisse por encargo del grupo español.

Marsans reclamaba la opinión de un tercer tasador independiente, cuya valuación sería inapelable, tal como lo estableció el acta firmada con el Gobierno en julio, cuando se inició la negociación, pero Buenos Aires se ha negado a activar esa instancia.

Jorge Molina, uno de los representantes de Marsans en el directorio de Aerolíneas, dijo hoy a Efe que el grupo acudirá al CIADI invocando el tratado de protección de las inversiones españolas en Argentina.

Molina indicó que Marsans resolvió recurrir a esta instancia "luego de varios meses de infructuosas tratativas para solucionar esta controversia y la situación creada por las altas instituciones de la República Argentina".

La misiva enviada a Cristina Fernández indica que, "de acuerdo a las últimas medidas de organismos del Estado, incluyendo la nacionalización en curso de las empresas sin la compensación adecuada, resulta evidente que la República (Argentina) ha frustrado las conversaciones y negociaciones".

Fuentes oficiales consultadas por Efe admitieron que el asunto es objeto de contactos a alto nivel entre los gobiernos de Argentina y España.

Cristina Fernández y el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaron del asunto en su última cita bilateral el pasado 31 de octubre en El Salvador.

Zapatero expresó después de la entrevista su confianza en que se llegará a una solución que contemple el "interés de ambas partes".

Molina aclaró que la carta dirigida a la presidenta argentina "no cierra las puertas a algún tipo de negociación" aunque sí marca un "primer paso" hacia una reclamación en el CIADI.

El Gobierno argentino también ha recurrido a la Justicia, a la que la Secretaría de Transporte solicitó el martes una intervención de Aerolíneas para garantizar la continuidad del servicio de la empresa y de la gestión del gerente general, Julio Alak.

Alak fue designado en representación del Estado para presidir el comité de transición creado el 17 de julio con vistas al traspaso de Aerolíneas, pero según Marsans este comité no se reúne desde hace un mes y medio.

En la reunión del directorio convocada para el martes próximo, el grupo español propondrá acotar los poderes de Alak y que sus decisiones sean convalidadas por el subgerente general de la compañía, Jorge Molina, con el argumento de que el comité de transición no funciona adecuadamente.


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