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TRIBUNALES

Los jueces se enfrentan divididos al problema de las fosas de la Guerra Civil

El hecho de que los autores de los delitos estén muertos llevaría al archivo de la causa contra el franquismo

Actualizada Jueves, 20 de noviembre de 2008 - 04:00 h.
  • MATEO BALÍN . COLPISA. MADRID

Como una bomba de racimo. Así ha caído en la judicatura la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de dejar el problema de las fosas de la Guerra Civil en manos de los jueces locales: ha judicializado un problema, el de los crímenes del franquismo, que hasta ahora la administración de Justicia había sorteado con soltura; y, además, lo ha desparramado por el territorio.

Presidentes de tribunales superiores y jueces decanos, reunidos en Valencia por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recibieron la noticia con indisimulada preocupación: la respuesta al problema de los osarios va a ser dispar, lo que "va a generar una problemática" cuyos principales damnificados serán las familias de los desaparecidos.

Una "bomba retardada"

En la Audiencia Nacional, el símil elegido fue el de bomba de espoleta retardada. El juez Garzón no archiva la causa, la cierra en lo que respecta a los franquistas muertos, pero la deja viva y en manos de los juzgados locales.

Presidentes de tribunales superiores como los de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Cantabria o Castilla y León apostaron ayer por que muchos jueces rehusarán hacerse cargo de un sumario que investiga un genocidio atribuido al general Francisco Franco y plantearán un incidente negativo de competencia que deberá resolver el Tribunal Supremo.

Los hay más partidarios de colaborar y asumir el caso, pero entonces se les presenta la "dificultad manifiesta" de mantener abierta la investigación, para dar respuesta judicial a la exhumación de restos de represaliados del franquismo, víctimas de unos hechos delictivos cuyos presuntos autores están "notoriamente muertos".

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, está convencido de que la decisión de Garzón va a provocar una dispersión de actuaciones en los diferentes territorios: algunos juzgados procederán a archivar la causa, otros entenderán que existe material incriminatorio y seguirán adelante con ella, y otros más sopesarán la posibilidad de mantener el proceso abierto "forzando la vía administrativa y aplicando el principio de mínima intervención del proceso penal" para poder realizar las exhumaciones, que no otra es la "gran pretensión" del proceso.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando Zubiri, señaló que, antes de entrar en el asunto de las exhumaciones, lo primero que tiene que valorar el juez "es si lo hechos que se denuncian son delictivos y si la persona a la que se imputa se le puede exigir una responsabilidad", así que lo razonable es que archive la causa.


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