La presidenta del Legislativo resaltó que el ciclo pretende ser un homenaje "a las víctimas del horror y la injusticia"
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín defendió ayer en Pamplona la investigación del juez Baltasar Garzón sobre las desapariciones durante la guerra civil y el franquismo. Considera que "jurídicamente se podrá discutir" la iniciativa del titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, pero, en su opinión, Garzón ha prestado "un gran servicio histórico a España".
Y añade que si el juez no puede continuar con esa tarea "la seguirán los tribunales internacionales". "Y a lo mejor nos encontramos con la sorpresa no muy agradable de que algún juez de otro país haga lo mismo que hizo Garzón con Pinochet".
José Antonio Martín Pallín hizo estas declaraciones minutos antes de pronunciar la conferencia inaugural del ciclo Víctimas de la Guerra Civil y Memoria Histórica que ha organizado el Parlamento de Navarra con el asesoramiento de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra. Un acto que abrió la presidenta del Legislativo, Elena Torres, quien resaltó que el ciclo pretende ser "un homenaje a las víctimas del horror y la injusticia". Presentó al magistrado el vicepresidente del Parlamento, Javier Marcotegui.
Nacido en el 36
Martín Pallín nació en 1936. Su padre, capitán de carabineros en La Coruña, decidió sumarse al grupo de militares que protagonizó el "golpe de Estado contra la Constitución de la República". Unos hechos que relata así para explicar que tuvo una infancia y juventud "agradable y sin complicaciones" como "niño de los vencedores", por lo que puede asegurar que no le mueve "ningún resentimiento" en su deseo de que se esclarezca todo lo ocurrido en aquella etapa. Años después de esa infancia feliz, contó, estaría en la oposición franquista, formando parte del grupo de jueces Justicia Democrática.
Durante su conferencia, Martín Pallín señaló que los españoles no pueden transmitir a las generaciones futuras "esa perenne dolencia de no querer saber y averiguar la verdad". Destacó que se debe seguir el camino emprendido por países como Alemania, Italia, Argentina, Chile, Sudáfrica, Croacia, la antigua Yugoslavia, o incluso Ruanda y Sierra Leona donde, o por iniciativa interna o internacional, "se están exigiendo responsabilidades por los mismos hechos que se cometieron en España durante la guerra civil y la dictadura".
El magistrado señaló que "los crímenes contra la humanidad" no prescriben, y que así se lo acaba de recordar a España el comité de Derechos Humanos de la ONU. Agregó que la Ley de Amnistía de 1977 sólo afectaba a los delitos políticos y a los de terrorismo.
Defendió que "la verdad tiene que salir por madurez democrática, no por venganza". Martín Pallín destacó que "en los dos bandos" hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas durante la guerra y deberán ser esclarecidas, así como las que "sólo cometieron los vencedores" tras la contienda, en el franquismo.
Subrayó el magistrado que no piden que alguien vaya a la cárcel por aquellos hechos. Lo que reclaman, dijo, es "que haya constancia de unas actuaciones, de que hubo unos crímenes y unos autores. Con esto se restablece la realidad", concluyó.
2.466 fusilados en Navarra
José Antonio Martín Pallín afirmó que, según su información, en Navarra hubo 2.466 fusilados. La Junta Central Carlista de Navarra tenía como misión organizar los requetés y ser "un instrumento de depuración y exterminio de los disidentes", contó.
En Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella y Aoiz funcionaron las "juntas o comités de guerras locales", relató, que se distinguían de las de otras zonas porque en ellas "participaban de forma activa los sacerdotes y la Iglesia Católica". "Por ejemplo, en Pamplona, la cárcel cuartel estaba en el colegio de los Escolapios". Por último, señaló que según la escasa bibliografía que hay, en la Ribera se las conocía como "las juntas de matar".
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