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POLITICA

El Gobierno da luz verde a la moratoria de las hipotecas para los parados

Cristóbal Montoro afirma que las ayudas aprobadas "no van a la raíz del problema, sino que son paliativas"

Actualizada Domingo, 9 de noviembre de 2008 - 04:00 h.
  • EFE. MADRID

El Estado asumirá el coste de la moratoria del pago del 50% de los préstamos hipotecarios que se va a conceder a desempleados y autónomos, y compartirá con los bancos el riesgo de morosidad que pueda haber en estas operaciones.

El Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno al cuarto bloque de medidas aprobado en esta legislatura para afrontar la crisis, que estudiará de forma urgente el Consejo de Estado esta semana y que se aprobarán definitivamente en la reunión del Ejecutivo del viernes que viene.

De las ocho medidas anunciadas el lunes por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ayer el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a seis, ya que las otras dos se aprobarán en el marco del diálogo social. Se trata de las bonificaciones a la contratación de personal en sectores estratégicos y al control de las empresas de recolocación.

Bonificaciones al empleo

El Consejo de Ministros sí que dio luz verde a la bonificación de 1.500 euros para las empresas que contraten a desempleados con cargas familiares y al aumento hasta el 60% del porcentaje de la prestación de desempleo que pueden cobrar de golpe los parados que se hacen autónomos.

Una de las medidas más relevantes, la de la moratoria hipotecaria, se llevará a cabo mediante un acuerdo "con dos patas", explicó el vicepresidente, Pedro Solbes. Por una parte, se exigirá un acuerdo entre hipotecado y el banco, mediante un documento privado que no tendrá ni costes registrales ni notariales.

Por otra, el ICO deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades, que por tanto no asumirán ningún coste por sumarse a la medida, en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.

El coste lo asumirá el ICO mediante la concesión de créditos a las entidades que de forma voluntaria se sumen a la medida, según fuentes del Gobierno.

Las condiciones de los créditos concedidos a las entidades se negociarán en cada convenio, pero se intentará que el coste financiero sea el mínimo posible.

El límite del aplazamiento del pago de la hipoteca será de 500 euros al mes (12.000 euros en total), y las cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito.

En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a medias el Gobierno y las entidades "de acuerdo a los términos establecidos", explicó Solbes, quien en cualquier caso recordó que los préstamos de vivienda son los últimos que, por lo general, dejan de pagar los ciudadanos con dificultades.

Solbes aclaró además que esta medida se ha negociado con las entidades, a través de sus patronales, y que la predisposición para adoptar la iniciativa es "total".

La moratoria de las hipotecas podrán solicitarla trabajadores que queden desempleados antes del 1 de enero de 2010, autónomos que hayan cerrado su negocio o que acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de viudedad.

Sólo podrán pedir la moratoria quienes tengan suscrita una hipoteca antes del 1 de septiembre de 2008 con un importe inicial inferior a los 170.000 euros.

Tres medidas fiscales

Otra de las medidas aprobadas ayer es la reducción de las retenciones en el IRPF para aquellos que se deduzcan en la declaración de la renta por su vivienda. Es decir, se trata de cobrar por adelantado, mes a mes, esa deducción. Esta medida no se aplicará en Navarra, ya que cuenta con régimen fiscal propio. No obstante, el Gobierno foral va a estudiar si lo aplica.

Tampoco tendrá aplicación en Navarra dos de las medidas aprobadas: la ampliación del plazo de las cuentas ahorro-vivienda y la ampliación de dos a cuatro años del plazo que tienen las personas que cambian de vivienda para vender su antiguo piso sin tener que pagar el impuesto de plusvalías.

En el caso de las cuentas-vivienda, Navarra ya goza de una situación más ventajosa, ya que el plazo para adquirir la vivienda es de ocho años. Respecto a la segunda medida, el Gobierno foral se muestra dispuesto a ampliar también el plazo para aquellas personas que se han comprado una nueva vivienda y no logran vender la antigua.


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