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El CGPJ no investigará la coincidencia de las juntas de jueces con el paro de los secretarios

Gabriel Bravo asegura que no se sienten presionados y que "ni políticos ni jueces" condicionarán su decisión sobre la sanción al juez Tirado

Actualizada Miércoles, 22 de octubre de 2008 - 19:53 h.
  • AGENCIAS. Madrid

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no investigará a los jueces que hicieron coincidir sus juntas con el paro de tres horas de los secretarios judiciales. Aunque el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, habló de "huelga encubierta", la portavoz del órgano rector del Poder Judicial, Gabriel Bravo, señaló que la coincidencia en la fecha por si misma "no es motivo suficiente" para abrir investigaciones al respecto. Además, Bravo aseguró que el CGPJ no se siente presionado por ninguna de las dos partes, "ni políticos ni jueces", a la hora de resolver el recurso presentado por la Fiscalía contra la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado a raíz del 'caso Mari Luz' y prometió que estarán "a la altura".

La portavoz del CGPJ compareció en rueda de prensa para valorar la jornada de paro vivida ayer y, aunque no facilitó un número total de actos judiciales suspendidos, sí aseguró "la mayor parte de los juicios que se suspendieron fue por el paro de tres horas de los secretarios, aunque alguno pudo deberse a las juntas de jueces". Así, y tras recordar que las juntas están previstas y reglamentadas como el instrumento del que se valen los jueces para manifestar y debatir sus "problemas jurisdiccionales", señaló que su mera coincidencia con el paro de los secretarios judiciales "no es motivo suficiente" para abrir investigaciones al respecto.

"Toleraremos todas las actuaciones que se enmarquen en los cauces legales", dijo Bravo que, en todo caso reconoció que el Consejo podría valorar casos concretos en los que pueda identificarse un perjuicio al servicio causado por las juntas. Además, la portavoz del CGPJ destacó que en lo que parecen coincidir todas las jutas de los jueces, según las actas que les han ido llegando, es en denunciar la falta de medios materiales y personales de la administración de justicia y no tanto el criticar las injerencias del Gobierno en el asunto del expediente disciplinario al juez Rafael Tirado. Las quejas en este sentido, señaló Bravo, "fueron mínimas, no la constante".

Respeto a este caso concreto, aseguró que el CGPJ no se siente presionado para decidir sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía contra la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado por no ejecutar la sentencia que pesaba sobre el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. El Ministerio Público pide para el juez una sanción de tres años de suspensión. Bravo reclamó tanto de responsables políticos como de los órganos judiciales en general "respeto institucional" y que se les de "un mínimo plazo" para poder trabajar en el asunto del expediente disciplinario a Tirado.

Aviso para el Supremo

"Que nos dejen tiempo y que luego valoren", sentenció la portavoz que aseguró que están a la altura de lo que se espera del órgano rector del Poder Judicial y que no hace falta que nadie les recuerde que deben tener en cuenta "determinadas circunstancias a la hora de tomar una decisión". Palabras con las que Bravo replicaba manifiesto suscrito por 46 magistrados del Supremo en el que se señala que, para la resolución del expediente disciplinario seguido contra el juez Tirado "son datos necesariamente valorables la real situación de personal, medios y carga de trabajo" del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla.

Además, en la rueda de prensa, Bravo ofreció porcentajes de seguimiento de la huelga de funcionarios en las diferentes comunidades. Datos que revisaron a la baja los aportados ayer por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, que cifró en más de un 90 por ciento el seguimiento medio de la protesta en toda España. Según los datos aportados por los presidentes de los diferentes tribunales superiores de justicia, los paros habrían sido secundados por un 96 por ciento de los secretarios en Andalucía y en La Rioja, mientras que Cataluña, con un 64 por ciento, fue donde tuvo un seguimiento más limitado.


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