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TRIBUNALES

La Fiscalía pide poner fin a la persecución del franquismo

El fiscal jefe aprecia una "inquisición general" prohibida por los principios constitucionales del proceso penal español

Actualizada Martes, 21 de octubre de 2008 - 04:00 h.
  • COLPISA. MADRID

La Fiscalía pidió ayer a la Audiencia Nacional que ponga fin de inmediato y para siempre a la "inquisición general" que, en su opinión, el juez Garzón ha desatado contra el franquismo sin respetar los principios constitucionales que rigen el proceso penal español.

La petición, que firma el fiscal jefe Javier Zaragoza, va dirigida al Pleno de la Sala de lo Penal del tribunal dada la trascendencia del caso, y por ese mismo motivo pide a los magistrados que tomen una decisión definitiva en virtud del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que anula la posibilidad de un recurso posterior.

La sala deberá ahora trasladar el recurso a las asociaciones personadas en la causa como denunciantes del régimen franquista.

La batería de reproches que el fiscal Zaragoza lanza contra el sumario abierto por el juez es amplia. Destaca uno: la investigación emprendida, contra la cúpula del franquismo entre 1936 y 1951 y para esclarecer la desaparición de más de 114.000 personas es "una especie de inquisitio generalisdifícilmente compatible con el alcance, límites y fines del proceso penal en un Estado de Derecho".

A favor de la Ley de Memoria

"En síntesis, puede afirmarse que la pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución", concluye el fiscal jefe.

El recurso señala que la pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de las víctimas es "justa", pero que la Ley de Memoria Histórica formaliza el reconocimiento de esa "injusticia histórica" y articula las medidas precisas para llevar a cabo la identificación de las víctimas, la localización de las fosas comunes y la exhumación de los restos para entregárselos a sus familias.

Además subraya que los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes y sostiene que Garzón ha diseñado un "singular andamiaje jurídico" al vincular aquellos delitos con un delito contra los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno, cuando "es público y notorio que los posibles responsables de este delito de rebelión han fallecido".

Garzón elige a la comisión

El fiscal jefe dedica a las familias de las víctimas un apartado especial para recordar que "esta justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esos miles de víctimas, y la consecuente reparación moral", tiene un cauce más adecuado, la Ley de Memoria Histórica en vigor desde diciembre de 2007, norma que "habilita legalmente a las administraciones públicas y al Gobierno para adoptar las medidas que garanticen los derechos de las víctimas, en sus aspectos tuitivos y reparadores".

Por otro lado, el juez Baltasar Garzón designó ayer a Carlos Jiménez Villarejo, fiscal anticorrupción entre 1987 y 2003, y a Antonio Doñate Martín, ex presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y especialista en el delito de genocidio, como expertos judiciales en la comisión de la causa abierta de investigación.

Junto a ellos, también serán asesores a petición de los denunciantes el forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que desde el inicio ha estado implicado en las exhumaciones, y los historiadores Julián Casanova y Fernando Espinosa, ambos expertos en la represión durante el conflicto y en los primeros años de posguerra.


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