IUN-NEB planteaba en la proposición que los centros educativos cuya titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad foral y a los ayuntamientos se integrasen en una red única cuya gestión correspondiese al departamento de Educación, y que se garantizase con cargo a los Presupuestos de Navarra su correcta financiación.

La proposición, rechazada con el voto en contra de UPN y CDN, la abstención del PSN y el apoyo de NaBai e IUN-NEB, también planteaba que el Gobierno de Navarra estableciese un régimen de precios y de ayudas que permitiese a todas las familias, y especialmente a las que tienen menores recursos económicos, acceder a plazas en los centros que atienden el primer ciclo de educación infantil.

Ana Figueras, de IUN-NEB, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es "dar un impulso a una situación no satisfecha en lo que tiene que ver con la educación" y ha considerado fundamental que el ciclo 0-3 años se integre en una red única.

La parlamentaria de IUN-NEB ha resaltado que legislar el primer ciclo de educación infantil es "una inversión a futuro", ya que la educación "empieza desde los primeros años".

La propuesta fue apoyada por Nafarroa Bai, cuya parlamentaria María Luisa Mangado ha declarado que todas las iniciativas que vayan a regular este ciclo educativo "son muy importantes" y en este sentido ha defendido que este servicio sea gratuito y universal, por lo que a su juicio debe ser gestionado y financiado por el Ejecutivo foral.

Por el PSN, María Victoria Arraiza ha apoyado que se impulse la extensión de este ciclo educativo, pero no mediante una ley foral, sino a través de decretos u órdenes, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, y ha propuesto al respecto que se redacte en Navarra un "plan 0-3".

En el turno en contra, Carmen González, de UPN, ha afirmado que la propuesta de NaBai "no responde de manera real" a las necesidades de la primera infancia y ha señalado que este servicio "goza de buena salud" en Navarra, donde en este momento hay 80 centros de 0-3 años, con un total de 5.000 plazas, que cubren el 80% de la demanda.

También ha rechazado la proposición de ley el parlamentario de CDN José Andrés Burguete, quien ha resaltado la "importante" labor desarrollada en Navarra en los últimos años en la implantación de este ciclo educativo.

Por otro lado, el pleno ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley de Nafarroa Bai para que, a la hora de adjudicar un contrato público, se tengan en cuenta también una serie de "cláusulas sociales" como la adecuada atención a los colectivos más desfavorecidos en la nueva infraestructura.

El parlamentario de NaBai Ioseba Eceolaza, en la defensa de la propuesta, ha aseverado que, en un momento en el que la economía "es la protagonista más que nunca del debate político", la administración pública, que es la mayor contratista, debe potenciar su capacidad de influencia en los ámbitos social, económico y medioambiental.

Por el PSN, Juan José Lizarbe ha estimado que en la contratación pública no pueden priorizarse exclusivamente los aspectos económicos sino que deben contemplarse también las políticas de fomento de la competitividad empresarial y, sobre todo, los criterios de responsabilidad social, que en su opinión pueden regularse mejor durante el trámite de la propuesta en comisión.

Ion Erro, de IUN-NEB, ha apoyado la propuesta, aunque "tiene una mala redacción", con el fin de avanzar en el objetivo de una "compra pública sostenible" por parte de la Administración y una responsabilidad social en esta materia.

El parlamentario de UPN Jesús Pajares se ha mostrado también en contra de la redacción de la proposición de ley, aunque no de su contenido, mientras que Juan Cruz Alli, de CDN, ha indicado que Navarra no tiene competencia para establecer estos criterios de adjudicación, que son establecidos por la normativa comunitaria.