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NACIONAL

El Gobierno sustituirá la CNMV por otro órgano supervisor con más competencias

Advierte de que hay que manejar el superávit público "con mucho cuidado"

Actualizada Viernes, 23 de mayo de 2008 - 04:00 h.
  • M.J. ALEGRE . COLPISA. MADRID

La primera gran reforma que abordará el área económica del Gobierno afecta a los supervisores, al tiempo que pretende dotar de mayor eficacia al sistema. Bancos, cajas, empresas cotizadas y aseguradoras quedarán bajo la vigilancia del Banco de España en lo que se refiere a la solvencia, y someterán a la hasta ahora Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), rebautizada como Comisión Nacional de Servicios Financieros, sus conductas, anunció ayer el vicepresidente segundo Pedro Solbes.

El plan no es una novedad, ni siquiera está ligado a la crisis financiera que azota los mercados desde el pasado verano. El Gobierno socialista se lo propuso al grupo parlamentario popular a principios de 2007, y si bien cosechó una aceptación inicial, las malas relaciones entre ambas fuerzas políticas impidieron que siguiera adelante.

El mandato de Julio Segura

El cambio es de gran calado. Supone la desaparición de la Dirección General de Seguros, incide en las competencias del Banco de España -que disfruta de estatuto de autonomía- e implica modificaciones en el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tantas, que podría aconsejar la prórroga del mandato de su presidente, Julio Segura, durante un plazo de transición estimado en casi dos años.

Segura accedió a la presidencia de la CNMV tras la polémica dimisión de Manuel Conthe, y declaró que asumía el cargo como un "contratado temporal", sin aspirar a una renovación a la que legalmente tiene derecho. Cuando, el próximo octubre, venza el plazo, podría continuar con el objetivo de pilotar la transición.

Solbes explicó que con esta reforma se pretende conseguir un sistema de supervisión permanente que esté entre los mejores del mundo, y se comprometió a hablar con todos los sectores afectados para conseguir el mayor consenso posible para esta nueva norma, como ocurrió con la Ley de Defensa de la Competencia.


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