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TRIBUNALES

Animan a los ayuntamientos a crear trabajo para condenados

Son trabajos en beneficio de la comunidad, para los que hay demanda pero no plazas suficientes para ejecutar las penas

Actualizada Jueves, 24 de abril de 2008 - 04:00 h.
  • LAURA PUY MUGUIRO . PAMPLONA

Una treintena de representantes de ayuntamientos del noroeste de Navarra y la comarca de Pamplona conocieron ayer las condenas que no implican el internamiento en la cárcel y de qué forma pueden colaborar con la Administración de Justicia para que los penados puedan ejecutarlas.

Convocados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la charla informativa de ayer en Burlada sirvió para explicar en qué consisten los trabajos en beneficio de la comunidad y la necesidad de que las entidades locales creen plazas y en horarios concretos para su cumplimiento. La charla se repetirá en Estella (8 de mayo), Tudela (22 de mayo), Tafalla (5 de junio) y Lumbier (12 de junio).

¿Y en qué consisten esos trabajos en beneficio de la comunidad? "Se trata de la obligación de realizar unas tareas con efectos sobre terceros, que benefician a la colectividad, que buscan el bien común, no el de unos pocos o el interés privado", expuso Eduardo Mata, magistrado del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pamplona. Se dirigía al auditorio junto a Jesús María García, presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos; Vicente Ripa, delegado del Gobierno, y Amador Ruiz, director del Servicio Social Penitenciario. Y esos trabajos pueden ser labores de jardinería, de mantenimiento de instalaciones, de limpieza de calles, de vigilancia de aparcamientos, de carpintería, electricidad... "El Ayuntamiento de Pamplona nos acaba de hacer una oferta: como hay colegios con bedeles hasta las diez de la noche, limpieza de pintadas", apuntó Amador Ruiz.

Junto a Eduardo Mata, Ruiz explicó cómo desde el pasado diciembre es más fácil cometer el delito de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas (se establece una tasa que, si se sobrepasa, implica arresto), delito que está derivando en numerosas condenas de trabajo en beneficio de la comunidad. "Y no tenemos plazas para que todos las cumplan", apunto Ruiz. Él fue el encargado de ofrecer las cifras: en todo 2007 se gestionaron 12 expedientes por delitos contra la seguridad vial y entre el 15 de enero y ayer, 165. "Viendo estas cifras, nuestra previsión anual es de 650 casos". A quien cumple estas penas, siempre con su consentimiento, "se le limitan los derechos de retribución económica y de facultad para disponer de su tiempo libre".

Los cuatro interlocutores animaron a los ayuntamientos a participar en este proyecto. "Las medidas penales alternativas contribuyen en mayor medida que el internamiento en la cárcel a la reinserción social y son eficaces", expuso Ripa. "En el Ayuntamiento de Lodosa se atendió un caso hace unos años y la experiencia fue positiva. Los ayuntamientos debemos colaborar para crear esas plazas", añadió García. "Con esta pena se obliga a determinadas actividades de utilidad pública, implica una reparación simbólica a la comunidad por el daño o riesgo creado", matizó Mata. "Con este tipo de medida alternativa a la prisión queremos conseguir que esa persona condenada cambie su actitud ante determinadas conductas mediante actividades que benefician a la comunidad", concluyó Ruiz.


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