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SOCIEDAD

El Defensor llama a la participación ciudadana en la legislación ambiental

Expertos coinciden en que los procesos judiciales en materia ambiental son costosos en tiempo y dinero

Actualizada Martes, 22 de abril de 2008 - 04:00 h.
  • MARCOS SÁNCHEZ . PAMPLONA

El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, manifestó ayer que "hay que abrir el cauce para la participación ciudadana cuando se establezcan normas referidas al medio ambiente" y que tanto el Gobierno de Navarra como el Parlamento pueden desarrollar un derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones de contenido medioambiental "serio y completo".

Enériz participó ayer en el Civican de Pamplona en una mesa redonda sobre derechos ciudadanos y medio ambiente, organizada por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra, fundación vinculada al departamento foral de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. La mesa redonda contó también con la participación de Luis Fernando Rey Huidobro, teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Navarra y Delegado de Medio Ambiente en la Comunidad foral, y Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Navarra.

Enériz, que en un reciente informe sobre el sistema tributario de Navarra ha propuesto que se estudie la creación de un impuesto ecológico (gravando aquellas actuaciones que repercuten negativamente en el medio ambiente), expuso ayer que la administración limita que se debe tener la condición de "interesados" para gozar del derecho de participación en materia medioambiental. "Esa capacidad de veto es criticable", añadió el Defensor del Pueblo.

El ordenamiento jurídico, con el Convenio de Aarhus (que recoge el derecho a la información medioambiental, el derecho a la participación en la toma de decisiones de contenido medioambiental y el derecho de acceso a la justicia medioambiental); la ley estatal 27/2006 de 18 de julio; y la ley foral 4/2005 de 22 de marzo, centraron las ponencias. "Existen suficientes procesos para acudir a los tribunales, pero el problema es que son procesos costosos. Se tenía que haber extendido el derecho a la justicia gratuita", manifestó Luis Fernando Rey.

Por su parte, Ángel Ruiz de Apodaca coincidió en "el obstáculo económico" y afirmó que "salvo las ONG ecologistas, que son las que hacen uso de los tres derechos recogidos en el Convenio de Aarhus, nadie actúa hasta que no le afecta personalmente. Por ejemplo, hasta que no te ponen una incineradora a 200 metros de casa. Es el principio de "si no está en mi patio trasero, me da igual". Participar cuesta tiempo y, en ocasiones, dinero".


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