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Vuelven los disturbios por desalojos en la Cañada Real madrileña

El desalojo comenzó a las 9.00 horas en la finca número 61 de la Cañada Real y que pertenece al actual presidente de la asociación vecinal

Actualizada Martes, 22 de abril de 2008 - 18:22 h.
  • AGENCIAS. Madrid

La Cañada Real, principal zona marginal de los suburbios de Madrid, volvió a ser el escenario de disturbios después de que la Policía Nacional desalojara esta mañana varias viviendas ilegales para proceder a su derribo. Los hechos ocurridos el pasado año por el mismo motivo, llevó a las fuerzas de seguridad a establecer controles en todas las entradas al poblado desde las 5.00 horas. Sin embargo, en esta ocasión no se registraron agresiones y los agentes sólo tuvieron que actuar para disolver una sentada que los vecinos realizaron para impedir el paso de las grúas.

El desalojo comenzó a las 9.00 horas en la finca número 61 de la Cañada Real y que pertenece al actual presidente de la asociación vecinal, conocido como Félix, que construyó recientemente el alcantarillado de la zona sin permiso municipal del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, del que depende ese sector de Cañada Real. La popularidad del afectado propició numerosas protestas en su apoyo a la llegada de los trabajadores así como de la propia Policía. Según explicó un vecino de la zona, Miguel, los agentes se situaron en cada acceso al poblado desde la madrugada, llegando incluso a pedir a los que por allí pasaban la documentación. Esto es lo que les ocurrió a los marroquíes residentes en el poblado cuando acudían a los rezos diarios.

Uno de ellos vio como su casa era derribada hoy. "Están dentro mi madre, mis hermanos y los vecinos", señalaba antes de que fuera destruida. También antes de llevarse a cabo la demolición, algunos vecinos protagonizaron una sentada, para impedir el paso de las grúas. Esta manifestación tuvo que ser disuelta por los antidisturbios, mientras los allí congregados gritaban: 'Asesinos, son casas de trabajadores' o 'medidas sociales y no policiales'. Además, algunos de los afectados denunciaban que no habían recibido noticias de estas medidas y que no existía orden de derribo.

"Los policías están sacando nuestras cosas y somos muchas familias las que nos quedamos en la calle", puntualizó una mujer de origen boliviano que veía hoy como su casa desparecía. Por su parte, Sam, otro desalojado boliviano, que llevaba casi un año viviendo en la Cañada Real, reivindicó que se mantuvieran las viviendas en la zona, pues se trataba de una terreno "que se utilizaba para las ovejas". En todo caso, puntualizó, "lo que tendrían que haber hecho desde un principio es no dejar que se ubique ninguna casa". "Ahora quieren derribar unos terrenos donde hay más de 3.000 personas y 70 viviendas, no le veo ningún fundamento", indicó.

Pero finalmente las grúas llevaron a cabo la operación y sobre las 10.00 horas las viviendas en situación irregular habían sido derribadas. A pesar de lo nerviosos que estaban los vecinos, no se registraron agresiones, como ocurrieron hace medio año y que se saldaron con 9 detenidos y 27 personas heridas. Quizás, este comportamiento se deba a que, los habitantes del suburbio saben que cuando las fuerzas de seguridad y los trabajadores se retiren, entre todos volverán construir las viviendas tiradas.

Se volverán a construir

Así ocurrió con las derribadas el pasado mes de octubre, que hoy ya están otra vez de pie. "Queremos que nos vendan los terrenos porque llevamos 40 años y por mucho que vengan no nos van a sacar de aquí", declaró el vocal de la asociación de vecinos Miguel Martín, que añadió: "las casas que se tiren se van a volver a construir".

Para Martín, detrás de esta situación se encuentra el alcalde de Rivas Vaciamadrid, municipio al que pertenece este sector de la Cañada, así como "el cacique de Rivas", Amancio Rodríguez ,"que quieren todos los terrenos y no quiere que los vecinos hagan mejoras", señaló. En este sentido, y refiriéndose a la vivienda derribada de Félix puntualizó que él es quien "está ejecutando las obras de alcantarillado y no quieren que adecentemos la calle". De hecho, los vecinos aseguran que seguirían adelante, a pesar de lo ocurrido hoy, con el asfaltado de las calles que tienen prevista, para ellos, cada uno de los que allí residen a puesto unos 1.000 euros, un dinero que también se utilizará para construir kilómetros de tubería.

Ayuda para los afectados

Por su parte, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) criticó los desalojos y derribos y pidió que se frene cualquier tipo de desahucio hasta que las administraciones implicadas no se reúnan y, junto a las vecinas y vecinos, adopten una solución global al problema. La Asociación denunció también el operativo policial puesto en marcha para llevar a cabo los derribos, en el que han participado centenares de agentes antidisturbios, una decena de agentes a caballo y un helicóptero y exigió al Ayuntamiento como medida de urgencia, que se haga cargo de las familias que se han quedado sin vivienda, de tal forma que sean realojadas y su manutención básica garantizada.

Ante esto, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, afirmó hoy que algunas administraciones, como la Comunidad de Madrid o la Delegación de Gobierno, consideran la Cañada Real como "un cuarto trastero donde se ocultan las cosas que no se quiere que se vean". Pérez recordó que su grupo llevó al Pleno de noviembre una propuesta, apoyada por el PP y con la abstención de PSOE, para trazar un plan que incluía la creación de un consorcio donde estuvieran todas las instituciones afectadas, como los ayuntamientos de Madrid, Rivas, Coslada, San Fernando y Getafe, así como Delegación de Gobierno, la Comunidad de Madrid y la FRAVM. La propuesta de IU incluía la creación de un censo y la necesidad de abordar políticas sociales en la Cañada Real, destacó.

El portavoz de IU confirmó que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid se dirigió a todas las instituciones implicadas para plantear la generación del consorcio, una iniciativa que por el momento ha tenido una respuesta positiva por parte de los ayuntamientos afectados. Sin embargo, "el Ayuntamiento no ha recibido contestación de Delegación de Gobierno ni de la Comunidad de Madrid", puntualizó. Pérez arremetió en concreto con la Delegación de Gobierno, de la que dijo que "no es de recibo que una institución del Estado entienda que sólo tiene competencias de orden público y no sociales".


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