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El Tribunal Constitucional tumba el recurso del PP contra la 'ley Casas'

Los cinco magistrados 'progresistas' avalan la reforma de la LOTC y los tres 'conservadores' la rechazan

Actualizada Miércoles, 9 de abril de 2008 - 19:00 h.
  • AGENCIAS. Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó hoy, por cinco votos a favor y tres en contra, el recurso interpuesto por el PP contra dos de los artículos introducidos en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) entre ellos el que establece la prórroga del mandato de la Presidencia y la Vicepresidencia del organismo mientras no se realice la renovación del mismo por parte de los grupos parlamentarios. Tras una batalla de recusaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el Pleno ha quedado compuesto únicamente por ocho de los doce magistrados que lo forman habitualmente.

El pasado mes de julio, cincuenta diputados del PP firmaron un recurso contra los apartados 1 y 3 del artículo único por el que se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) por entender que chocan con los artículos 159 y 160 de la Constitución. En el caso del 16.1, los populares consideraban que obligar al Senado a elegir a los magistrados sólo dentro del cupo de los propuestos por las comunidades autónomas, suponía "una desapoderación y limitación" de las competencias del Senado. Sobre el 16.3, el PP entiende que no respeta el tiempo de mandato fijado para el presidente y el vicepresidente del TC fijado por la Constitución.

La importancia de este último artículo, que permite a la presidenta Casas continuar en su cargo hasta que el Senado renueve los cuatro magistrados que le corresponden -entre los que ella está incluida-, estriba en la posibilidad de que ésta pueda emplear el voto de calidad en caso de empate. La tesitura de un voto de calidad se baraja en el estudio del recurso contra el Estatut de Cataluña a instancias del Defensor del Pueblo, pues en el interpuesto por el PP los 'conservadores' gozan de mayoría, al haberse aceptado la reacusación de Pérez-Tremps, que realizó un informe para la Generalitat que se utilizó en la elaboración de la norma autonómica.

Casi diez meses después, el Pleno del Tribunal Constitucional desestimó el recurso interpuesto por el PP con cinco magistrados a favor y tres en contra. Los magistrados del sector 'conservador' del Tribunal, Vicente Conde -presidente accidental del Pleno al estar ausentes tanto la presidenta como el vicepresidente- Javier Delgado Barrio y Ramón Rodríguez Arribas anunciaron la interposición de votos particulares discrepantes con la resolución, que fue apoyada por los cinco magistrados del llamado sector 'progresista', Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay Montalvo, Pascual Sala Sánchez, Manuel Aragón Reyes y Pablo Pérez Tremps.

La guerra de recusaciones

En los próximos días se harán públicos tanto el contenido de la resolución como el de los votos discrepantes sobre un recurso cuya tramitación se ha desarrollado con notables incidencias, que no han contribuido más que a ofrecer ante la opinión pública una visión del TC completamente dividida y partidista. Poco después de presentarse el recurso del PP, el Tribunal debatió la abstención de la presidenta, María Emilia Casas, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, por considerar que el artículo 16.3 de la LOTC les afectaba directamente por referirse a sus cargos y perderían la debida imparcialidad que debe tener cualquier magistrado.

Posteriormente, comenzó la guerra de recusaciones entre el Gobierno y el PP. El Ejecutivo recusó a los magistrados 'conservadores' Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, al entender que se encontraban "contaminados" para debatir el recurso contra la LOTC tras haber escrito una carta, el pasado mes de julio, a la presidenta del Tribunal expresando su disconformidad con el artículo que prorroga su mandato. A continuación, el PP recusó a los magistrados 'progresistas' Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Pascual Sala basándose en unas informaciones periodísticas que indicaban que también habían expresado su opinión sobre la LOTC en unas supuestas reuniones internas celebradas a instancias de Casas.

A partir de ese momento, el Tribunal Constitucional debió resolver el problema de cómo estudiar las propias recusaciones, ya que el Pleno necesita de un quórum mínimo de ocho miembros para poder realizar cualquier pronunciamiento. Finalmente, un Pleno de diez miembros -todos los magistrados, recusados o no, menos Casas y Jiménez- decidió rechazar las recusaciones planteadas por el PP, y posteriormente otra deliberación por parte de ocho magistrados -los mismos que se han pronunciado hoy- decidieron dar luz verde a los requerimientos del Ejecutivo y apartaron a García-Calvo y a Rodríguez-Zapata de este asunto, por lo que el Pleno quedó compuesto por ocho magistrados.


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