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TRIBUNALES

El Poder Judicial expedienta al juez Tirado

El CGPJ insta a Justicia, a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía a que depuren responsabilidades de sus funcionarios

Actualizada Martes, 8 de abril de 2008 - 04:00 h.
  • ALFONSO TORICES . COLPISA. MADRID

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) animó ayer al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía a que también depuren las responsabilidades en que habría incurrido alguno de sus funcionarios en el escándalo judicial desatado por el caso de Mari Luz Cortés.

Ese fue uno de los acuerdos adoptados ayer por la Comisión Disciplinaria que, por unanimidad, decidió abrir un expediente por falta muy grave de desatención contra Rafael Tirado, el magistrado sevillano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés.

Del Valle tendría que haber ingresado en prisión en la primavera de 2006 para cumplir una condena de más de tres años de cárcel por abusar de su propia hija, pero, según el informe de la Inspección, el escaso control que ejercía el juez sobre el trabajo de sus subordinados en el Juzgado Penal 1 de Sevilla y los errores cometidos por la secretaria y alguno de los funcionarios permitieron que el delincuente sexual siguiese en libertad en el momento del crimen.

Críticas a Fiscalía y Junta

Las críticas del CGPJ no sólo se refieren a los errores que se han detectado en el trabajo de algunos funcionarios del Juzgado Penal 1, sino también al papel de los acusadores (Fiscalía y Junta de Andalucía) en esta causa. Los vocales entienden que, pese a los más de dos años de dilaciones para ejecutar la sentencia, "no denunciaron demoras o irregularidades en la tramitación de la ejecutoria, ni recurrieron las resoluciones".

Se llega al error judicial porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en tratar de averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses de forma innecesaria en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.


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