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Las asociaciones de consumidores piden sanciones ejemplares contra los pactos para subir los precios

El portavoz de CECU insistió en que "es evidente que algo ha debido ocurrir cuando el precio sube de pronto entre el 30% o 40%"

Actualizada Jueves, 3 de abril de 2008 - 12:44 h.
  • AGENCIAS. Madrid

Las asociaciones de consumidores acogieron hoy con satisfacción la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de incoar expedientes sancionadores contra asociaciones de empresarios del sector de la industria alimentaría por un presunto pacto para subir los precios. Es más, piden nuevas sanciones ejemplares para que "sirvan como ejemplo". Pero los empresarios insisten en que las asociaciones expedientadas no han pactado precios y aseguran que estas acusaciones lo único que buscan "es el efecto del escarnio público".

Las organizaciones de consumidores españoles consideran que las asociaciones empresariales alimentarias sí han llevado a cabo una recomendación colectiva a través de los medios de comunicación para subir los precios de algunos alimentos básicos como el pollo, los huevos o el pan.

El director general de la OCU, José María Múgica, asegura que "lamentablemente es muy difícil establecer una prueba física consistente" para demostrarlo a pesar de que la documentación del expediente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) incorpora pruebas escritas en la documentación. Por ello, confió en que la acumulación de indicios sea "suficiente" para que la denuncia tenga un "final feliz" para los consumidores, con una resolución en el plazo de un año y medio.

"Es fundamental la aplicación de la directiva a la que se ha hecho referencia y sobre todo el efecto disuasorio que este tipo de actuación por parte de la CNC puede tener sobre este tipo de prácticas", dijo.

A este respecto la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) asegura que en la medida en que se produzca una "sanción ejemplar", se podrá "entender que hay algún tipo de protección" del consumidor que evite las subidas de precios pactadas en productos básicos.

La confederación asegura que una sanción ejemplar podría servir como empleo para que otros empresarios de la industria alimentaria estén tentados de hacer lo mismo. El portavoz de CECU, Antonio López, reconoció que todavía se desconoce "cuál va a ser la sanción que se le va a imponer" a estas empresas, e insistió en que "es evidente que algo ha debido ocurrir cuando el precio sube de pronto entre el 30% o 40%".

Desde la Coordinadora Agraria COAG se reclama a la Comisión de Competencia que amplíe su investigación a la parte final de la cadena de distribución alimentaria que son las grandes superficies que es donde se concentraría el beneficio final.

Los empresarios lo niegan

Pero los empresarios insisten en que no se han producido pactos de ningún tipo. El presidente de la patronal (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, asegura que "los empresarios creen en la libre competencia" y que desde las asociaciones empresariales siempre se ha defendido el libre mercado.

Sin embargo, tras estas justificaciones, Díaz Ferrán puntualizó que, "si en algún momento determinado alguien se salta las reglas, lo lógico es que tenga el rechazo de la sociedad". "Para eso están los organismos (reguladores), para defender estos asuntos", apostilló.

Desde, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos (Inprovo), una de las asociaciones alimentarias a las que la Comisión Nacional de Competencia ha incoado expediente sancionador, se asegura que ellos son los primeros interesados en que exista la libre competencia.

En un comunicado, la organización censuró la publicidad dada por el organismo que preside Luis Berenguer a sus actuaciones "antes de haber probado la existencia de las infracciones que investiga", lo que, a su juicio, supone "una gravísima acusación contra Inprovo, buscando el efecto del escarmiento público".

Pese a que aseguró que colaborará de forma "decidida" con la investigación para demostrar su inocencia, lamentó "profundamente" el daño causado por las comunicaciones de Competencia a la imagen pública de la interprofesional y del sector, lo que atribuyó a intereses políticos. Además, advirtió de que este daño "difícilmente se reparará ante la sociedad".


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