Diario de Navarra | Facebook Se abrirá en otra página Diario de Navarra | Twitter Se abrirá en otra página Hemeroteca Edición impresa
Mi Club DN ¿Qué es? Suscríbete

La Hemeroteca
    Navarra
TRIBUNALES

Los delitos de alcohol duplican las penas de trabajo en beneficio de la comunidad

Concebida como una pena reeducadora, hay trabajos de jardinería, limpieza de calles o montes, vigilancia de aparcamientos...

Actualizada Domingo, 30 de marzo de 2008 - 04:00 h.
  • LAURA PUY MUGUIRO . PAMPLONA .

Conducir un vehículo influenciado por la ingesta del alcohol es un delito que desde la reforma el pasado diciembre del Código Penal se comete con mayor facilidad que antes: si hasta entonces debía demostrarse que el alcohol había mermado las facultades del conductor con cualquier tasa de alcoholemia, ahora existe el dato objetivo que marca la comisión del delito, superar los 0,60 miligramos por litro de aire espirado.

La reforma está teniendo su traducción en un tipo de condena, los trabajos en beneficio de la comunidad: desde la segunda quincena de enero hasta el este viernes suman 162 (el 86,5%, 140, por delitos contra la seguridad vial) mientras que en todo el año pasado fueron 77 ( el 10%, 7, por este delito). Pero este incremento va acompañado de un problema, que no hay plazas idóneas para que todos los condenados las cumplan.

El trabajo en beneficio de la comunidad es una pena privativa de derechos por el que el condenado está obligado a prestar su contribución, sin contraprestación económica, en determinadas actividades de utilidad pública. "Esta medida resocializadora y reeducadora persigue la reparación simbólica a la comunidad. El penado está dado de alta en la Seguridad Social, debe cumplir el programa que le marca el Servicio Social Penitenciario y tiene que hacer bien lo que se le marca", explica Eduardo Mata, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pamplona. Añade que aunque está pensada "para las conductas no graves", sigue siendo una pena. "Es limitativa de derechos: limita la disposición de tu tiempo libre y de un salario".

Junto al Servicio Social Penitenciario, dependiente de Instituciones Penitenciarias, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria está directamente implicado por la reforma: el primero se encarga de diseñar el programa que cumplirá el penado y el juzgado, del seguimiento de la ejecución de la pena. Para cumplir ese programa, el responsable del Servicio Social Penitenciario, Amador Ruiz, explica que en la actualidad trece ayuntamientos y seis asociaciones y ONG ofertan, por convenio, plazas de "mantenimiento y limpieza de instalaciones, calles, locales y residencias, control de aparcamientos, labores de limpieza en montes y campos, jardinería, ordenamiento de almacenes, acompañamiento en labores de voluntariado, apoyo en actividades de centros terapéuticos..."

Ambos recuerdan que las condenas por alcoholemia que ahora les llegan se resolvían antes por la vía administrativa: multa y retirada de puntos del carné de conducir. Sin embargo, la percepción de que el carné por puntos "no ha sido suficiente" para corregir las actitudes de los conductores "ha llevado a una solución penal". "Si el efecto intimidatorio hubiese sido diferente, no hubiera pasado al Código Penal", indica Mata.

Siempre con consentimiento

Sobre esta circunstancia, Amador Ruiz cree que con la reforma "se ha llegado a una intervención casi máxima del Derecho Penal, teniendo en cuenta que uno de sus criterios es la intervención mínima en la sociedad: actuar cuando no hay otro sistema para resolver los problemas". Según el Código Penal, quien comete un delito contra la seguridad vial es condenado con la pena de prisión de tres a seis meses y la pérdida del carné de 1 a 4 años o con multa de seis a doce meses, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y pérdida del carné de 1 a 4 años. Partiendo de que habitualmente el acusado se conforma con la petición de la Fiscalía (conformidad por la que la pena se rebaja un tercio), "como término medio los abogados están pactando una multa de 720 euros, 22 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y 8 meses de pérdida del carné".

Para que sean impuestas, las penas de trabajo en beneficio de la comunidad necesitan del consentimiento del condenado. "Si no es así, el juez le impone la prisión", dice Ruiz. "El consentimiento debe ser permanente. Si no, la medida se convertiría en trabajos forzados. Y no obstante, estamos viendo que el condenado da un consentimiento en abstracto, sin saber qué implica su cumplimiento y en qué consiste". Para el Servicio Social Penitenciario, ese consentimiento supone que, a la hora de elaborar un programa, se tengan en cuenta las circunstancias personales, laborales, familiares y sanitarias del penado que en ocasiones les impedirá cumplir trabajo en beneficio de la comunidad. "El año pasado hubo 21 personas con drogodependencias y enfermedades mentales para quienes no se pudo preparar un programa de TBC". Tuvieron el caso de un condenado con incapacidad laboral absoluta y otro, con un tratamiento contra el cáncer, con quimioterapia y radioterapia. "De ambos supimos cuando vinieron para preparar el programa", explica Ruiz. "Lo ideal sería que, antes de proponer esta pena, el juzgador pudiera conocer la situación de esa persona. Pero esto choca con los juicios rápidos".

Falta de horarios flexibles

En estas penas, una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad tiene un máximo de 8 horas. Eduardo Mata expone que es el único límite legal y que, aunque no hay un mínimo, en Navarra se ha fijado un criterio común de proporcionalidad y el mínimo se considera en 4 horas. "Sería deseable que la previsión de la pena fuera por horas en lugar de por días como ocurre en Holanda, en Francia o en Inglaterra".

Para Ruiz, la falta de plazas para que todos los condenados cumplan trabajo en beneficio de la comunidad radica en la necesidad de adaptar la pena a la vida del penado. "Casi el 70% de los penados trabajan y nos encontramos un porcentaje alto con jornadas laborales de horario partido, con tiempo libre a partir de las siete u ocho de la tarde y los fines de semana. Y los servicios que tenemos en convenio no tienen actividad en esos horarios". En su opinión, el catálogo de plazas del que disponían hasta ahora "estaba bien". De los 123 casos (77 nuevos y el resto de 2006) del año pasado pudieron ejecutar casi el 60%, "un resultado muy bueno". Del 40% restante, hubo quien al término de 2007 no había terminado de ejecutar la pena por su duración y quien no pudo entrar en estos programas por sus circunstancias sociosanitarias y por la inexistencia de plazas que compatibilizaran jornadas laborales y penas de trabajo en beneficio de la comunidad.

Por este último motivo, a finales de febrero el Servicio Social Penitenciario se reunió con varios departamentos del Gobierno foral (Justicia, Agencia Navarra de Emergencias, Cultura, Educación, Medio Ambiente, Vivienda, Oficina de Atención a la Inmigración, Asuntos Sociales y Cultura y Turismo), el Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. "Establecimos que en mes y medio presentarían una oferta de plazas para que se puedan cubrir esos horarios de tarde-noche y de fin de semana".

A la vista de los números de enero y febrero, Eduardo Mata considera que, "si este ritmo sigue así, será imposible que estos casos sean asumidos en un plazo razonable por el Servicio Social Penitenciario, lo que es del todo necesario, ya que la efectividad de la sanción la tiene que percibir el penado y la sociedad, y no ocurrirá si la tramitación de estos casos se alarga en el tiempo".

Ruiz ha hecho sus cálculos: prevé más de 50 expedientes mensuales, "de 600 a 700 casos anuales". El Servicio tiene necesidades externas (mayor número de plazas) e internas (más personal y más espacio para reunirse con los penados). Hasta ahora, el Servicio Social Penitenciario entrevistaba a seis o siete personas por semana para establecer un programa y pasaba un mes y medio desde la llegada del expediente al Servicio hasta el inicio de la ejecución de la pena. "Este febrero ya estábamos dando citas para entrevistas en mayo, lo que es desaconsejable: la pena hay que aplicarla cuanto antes para que tenga el carácter de ejemplo". Para Ruiz, "si se pretende ejecutar penas alternativas a la prisión que son comunitarias, el entramado institucional de la comunidad no lo puede rechazar". "Lo tienen que tener en cuenta todos: cualquiera de sus ciudadanos, tal y como está la ley, puede tener que cumplir trabajo en beneficio de la comunidad".


Comentarios
Te recomendamos que antes de comentar, leas las normas de participación de Diario de Navarra

© DIARIO DE NAVARRA. Queda prohibida toda reproducción sin permiso escrito de la empresa a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual

Continuar

Estimado lector,

Tu navegador tiene y eso afecta al correcto funcionamiento de la página web.

Por favor, para diariodenavarra.es

Si quieres navegar con muy poca publicidad y disfrutar de toda nuestra oferta informativa y contenidos exclusivos, tenemos lo que buscas:

SUSCRÍBETE a DN+

Gracias por tu atención.
El equipo de Diario de Navarra