Francia niega el "suicidio asistido" a una mujer con un tumor incurable

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Emmanuel Debost, médico de la mujer, habla con los periodistas. AFP

Chantal Sébire. AFP

La justicia francesa denegó ayer a una paciente aquejada de un doloroso tumor incurable el recurso a la eutanasia activa o al suicidio asistido que había solicitado ante los tribunales como último cartucho antes de marcharse a Suiza para conseguir sus fines.

La primera demanda de este tipo presentada ante los tribunales chocó con la legislación francesa sobre cuidados paliativos, que data de 2005 y que no reconoce el suicidio asistido, y ha reabierto el debate sobre la legalización de la eutanasia.

El Tribunal de Gran Instancia de Dijon (este) rechazó la demanda de Chantal Sébire, una maestra de 52 años y madre de tres hijos, que había apelado a la "humanidad" de los jueces para poner fin, a través de un tratamiento médico letal, al calvario que le causa el poco común tumor nasal que padece.

El veredicto, que se ajusta a la petición de la Fiscalía durante la vista oral del pasado viernes, establece que la demanda de Sébire se opone al código deontológico médico, y al código penal francés.

El juez recuerda a la paciente que lo máximo que le permite la legislación es que los doctores la mediquen para que caiga en un coma profundo que calme su dolor y, en ese estado, aguarde la muerte.

Una solución prevista en la ley de 2005 pero que Sébire ya había rechazado, en pos de una muerte digna, rápida, que la liberara de los "atroces" dolores que le provoca su mal.

Una enfermedad que sólo sufren 200 personas en todo el mundo y que ha deformado considerablemente su rostro, en un proceso horrorosamente doloroso que además la aboca a una paulatina ceguera.

La paciente buscaba una salida más rápida y contundente que la brindada por la ley, una muerte inducida que le permitiera "dormirse con el cariño de sus allegados" y "terminar su vida respetando su dignidad".

En su demanda destacaba el carácter incurable de su mal, el sufrimiento "intenso y permanente" que le produce y el "rechazo a soportar la irreversible degradación de su estado".

La sentencia negativa ha provocado la cólera de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (ADMD), que la considera "una pena de sufrimiento de por vida", mientras que el abogado de Sébire, Gilles Antonowicz, ha pedido al presidente, Nicolas Sarkozy, que cambie una ley que calificó de "inhumana" y acabe con la "hipocresía".

Sébire no tenía mucha fe en que los tribunales le abrieran una puerta que los políticos ya le habían anunciado que permanecería cerrada.

Desde que su caso saltó a la luz pública, varios miembros del Gobierno se encargaron de recordar a la paciente que el suicidio asistido no está autorizado en Francia.

El presidente Sarkozy, a quien se dirigió para que intercediera por ella, se limitó a encargar a su consejero de sanidad que reuniera un comité de máximos expertos médicos para agotar todas las posibilidades de diagnóstico y eventual tratamiento.

Preparándose para un rechazo de su demanda, Sébire ya había asegurado que no apelaría la sentencia del Tribunal de Dijon y que, a partir de ahora, centraría sus esfuerzos en encontrar un lugar donde le permitan morir con dignidad. El país elegido es Suiza, uno de los pocos de Europa donde la ley autoriza el suicidio asistido junto a Bélgica y Holanda.

Por el momento, al llevar su caso ante los medios de comunicación, Sébire ya ha logrado que el debate sobre la eutanasia vuelva a la opinión pública francesa, acostumbrada a que, de vez en cuando, se reavive la polémica.

La cuestión estuvo sobre la mesa en 2003, cuando Marie Humbert intentó ayudar a morir a su hijo Vincent, un tetrapléjico que había reclamado su derecho a morir dignamente. A petición de su hijo, Humbert introdujo barbitúricos en la medicina diaria que recibía, pero sólo logró empeorar su estado, por lo que un médico decidió inyectarle una sustancia mortal.