Hacienda estima en 500 millones el fraude de españoles con cuentas en Liechtenstein

Oficinas del Liechtensteinische Landesbank junto al castillo de Vaduz, en Liechtenstein. REUTERS

La Fiscalía Anticorrupción espera tomar cartas en el asunto de la lista de presuntos defraudadores en Liechtenstein para finales de marzo o principios de abril, tiempo en el que, a su vez, la Agencia Tributaria podría disponer de un primer balance provisional sobre la situación fiscal de los cerca de 90 españoles que tenían depositados fondos opacos en el citado principado.

Hasta el momento, la Administración prefirió no dar datos sobre este asunto, entre otras cosas, porque el temor cundió entre una parte de esos contribuyentes que no están al día con Hacienda, y ello provocó que "un número considerable" optara por reconocer su deuda y tratar de regularizar su situación -eso sí, previo pago de sanción, intereses y recargo- para librarse de consecuencias aún peores, sin descartar la cárcel para algunos.

Fuentes de la investigación hablan de un movimiento de fondos cercano a los 500 millones de euros en el caso de los españoles, cuantía muy importante pero alejada de los 1.000 millones en que Francia cifra el presunto fraude a sus arcas (con unos 200 ciudadanos sospechosos) o de los 4.000 que estima Alemania (con un millar de presumibles evasores), todo ello a través de las más de 50.000 fundaciones privadas activas en Liechtenstein y que, en la práctica, sirven en su mayoría de tapadera para ocultar fondos.

No obstante, advierten de que no todos los casos son iguales ni existen las mismas posibilidades de éxito a la hora de iniciar un procedimiento sancionador, que, en función de la cuantía (si supera los 120.000 euros anuales) y si se aprecia dolo (es decir, mala fe), terminarían en la correspondiente denuncia por supuesto delito fiscal ante los tribunales.

El mayor proceso

Sería en esta última fase, y sólo en ella, donde intervendría el órgano de anticorrupción, si bien siempre para centrarse en los expedientes de mayor peso (que, en cualquier caso, en principio serían tratados de forma individual, y no dentro de una sola causa), mientras que el resto se derivarían a las fiscalías provinciales correspondientes, según el domicilio de cada contribuyente.

De cualquier modo, y aunque nadie quiere lanzar las campanas al vuelo, estaríamos ante el mayor proceso por posible fraude fiscal en la historia del país, con probables ramificaciones en varias comunidades autónomas -sobre todo, Andalucía, Cataluña y la zona de Levante- y vínculos con importantes inversiones urbanísticas e inmobiliarias.

Así ocurrió ya en el pasado, como lo demuestran operaciones policiales como la Ballena Blanca o Malaya, que reavivaron la polémica sobre el papel de algunos despachos de abogados, que, a través de operaciones de ingeniería financiera, urdieron un sofisticado entramado para defraudar a Hacienda y blanquear capitales. De hecho, algún miembro de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal no descarta que algún "viejo conocido" de esos golpes reaparezca ahora en la lista de Liechtenstein, si bien apuntan más a empresarios desconocidos hasta ahora.