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El grupo municipal de Nafarroa Bai recurre el acuerdo por el que se "privatiza" la inspección tributaria de Pamplona

La coalición nacionalista dice que esta medida, aprobada en la Junta de Gobierno Local, es "ilegal, imprudente e inconcebible"

Actualizada Jueves, 6 de marzo de 2008 - 19:12 h.
  • AGENCIAS. Pamplona

El grupo municipal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona interpuso ayer un recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local por el que se adjudica a una empresa la 'Contratación de la asistencia para actualización de Bases de Datos Tributarias para el Ayuntamiento de Pamplona 2008'. A juicio de la coalición, "esta privatización es ilegal, imprudente e inconcebible".

Los concejales de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Pamplona Aritz Romeo e Iñaki Cabases comparecieron hoy en rueda de prensa para argumentar que con el recurso se quiere impedir que UPN "privatice de facto el servicio de inspección tributaria, creando una hacienda paralela a la Administración".

Romeo recordó que el 4 de septiembre de 2007 la Junta de Gobierno Local adoptó la decisión de realizar una contratación a la cual denominó 'Contrato de la Asistencia para la Actualización de las Bases de Datos Tributarias del Ayuntamiento de Pamplona', para el que se autorizó un gasto de 829.400 euros.

El grupo municipal de Nafarroa Bai no compartía el acuerdo, pero su "preocupación creció", según Romeo, "cuando el 17 de diciembre, al aprobarse en pleno el Presupuesto y la Plantilla Orgánica, se procedió, con los votos a favor de UPN y PSN, a vaciar de contenido en cuanto al personal, los servicios públicos de gestión tributaria del Ayuntamiento".

Esto quiere decir que en la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento para 2008 se llevó a cabo, con los votos de UPN y PSN "la amortización de la plaza del responsable del órgano de gestión tributaria, haciendo desaparecer esa plaza del Ayuntamiento", según Romeo.

Por otro lado, el concejal de NaBai apuntó que, en el detalle de personal por programas, "se observa que no consta ningún programa de inspección tributaria en el área de hacienda local, ni funcionarios adscritos a dicho programa, que no existe". La conclusión de Nafarroa Bai es que el Ayuntamiento de Pamplona "carece a día de hoy de servicios municipales públicos de gestión e inspección tributaria".

Finalmente, el 5 de febrero, la Junta de Gobierno Local adoptó el acuerdo que Nafarroa Bai ha recurrido, y que confirma, en palabras de Romeo, "que UPN intenta crear una Hacienda paralela privatizando la inspección tributaria". Dicho acuerdo, por un lado, adjudica el contrato llamado 'de asistencia para la actualización de bases de datos tributarias' a una empresa que es Gestión Tributaria territorial y además autoriza un gasto de 58.000 euros.

En definitiva, para Romeo, esta empresa "va a proceder a gestionar la inspección tributaria en el Ayuntamiento de Pamplona, en todos sus aspectos y funciones, a la par que formará a un personal municipal que a día de hoy no existe", subrayó.

A juicio de NaBai, UPN "ha llegado al colmo en lo que privatizaciones se refiere, ha privatizado un servicio inherente al sector público, propio de la administración pública, y ha intentado crear una verdadera hacienda paralela, encomendando la inspección tributaria a una empresa privada".

La empresa adjudicataria es Gestión Tributaria Territorial, una mercantil con un capital de 7.500.000 euros y en la cual tienen participaciones, entre otras empresas, una conocida compañía aseguradora y más de 45 entidades de crédito y cajas de ahorros.

Además, Romeo argumentó que este acuerdo "es ilegal" porque contraviene "una amplia jurisprudencia" y el artículo 176 de la Ley Foral de Contratos Públicos que dice que "no podrán ser objeto de contrato de asistencia aquellos servicios que impliquen ejercicio de autoridad u otras potestades inherentes a los poderes públicos ni aquellos otros cuyo objeto sea el propio de una concesión administrativa".

También dijo que es "imprudente, porque muestra una mal gestión de consecuencias impredecibles"; e "inconcebible desde el punto de vista político con el desmantelamiento de los servicios públicos municipales, que está llegando hasta límites que nunca debería haber pasado".

Por su parte, el concejal Iñaki Cabasés argumentó que esta decisión es "inadmisible" porque además se ha hecho "con discreción y falta de debate público", y justificó el recurso para "evitar que los ciudadanos tengan su patrimonio en manos de una empresa privada".


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