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El Gobierno aprueba la extradición a Argentina del presunto represor Ricardo Cavallo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que pediría una pena mínima de 13.332 años de cárcel

Actualizada Viernes, 29 de febrero de 2008 - 15:37 h.
  • AGENCIAS. Madrid

El Gobierno ha autorizado hoy la extradición a Argentina del ex militar Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado en su país, pero ésta no se hará efectiva hasta que extinga su responsabilidad penal en España, donde está procesado por crímenes contra la humanidad. Cavallo, sin embargo, podrá ser entregado temporalmente a Argentina, según las condiciones acordadas en el tratado bilateral firmado por ambos países.

La decisión ha sido anunciada por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y se produce después de que el pasado día 22 las autoridades de México autorizaran a España a "reextraditar" a Cavallo a Argentina.

El permiso de México era necesario porque fue este país el que, el 29 de junio de 2003, entregó al ex militar a España, donde se encuentra desde entonces en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Cavallo había sido detenido en México en agosto de 2000 tras ser reconocido por varios supervivientes de centros de detención en Argentina durante la dictadura.

Tras su extradición a España, el ex militar argentino fue procesado por Garzón y, de haber sido juzgado por la Audiencia Nacional, se enfrentaba a altas penas de prisión.

Así, la acusación popular ejercida por la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid iba a solicitar para él 30 años de cárcel, el máximo de cumplimiento efectivo de condena, por un delito contra la humanidad en concurso con 4.400 delitos de asesinato.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció que pediría una pena mínima de 13.332 años de cárcel y una máxima de 17.010 para Cavallo, en función de que se le condenara por delitos de lesa humanidad o de genocidio y de que éstos estuvieran o no relacionados con delitos de terrorismo.

Fuentes de la acusación popular, sin embargo, consideraron que "no tiene sentido sumar penas en un concurso de delitos", por lo que su petición de condena será de 30 años, y destacaron que su objetivo "es volver a conseguir una segunda sentencia en los mismos términos que la conseguida" en el caso de Adolfo Scilingo, que en abril del año pasado fue condenado a 640 años de prisión.

Los escritos de acusación partían de la existencia de un "plan sistemático" en Argentina encaminado a la eliminación de aquellas personas percibidas como "subversivas" del que Cavallo fue copartícipe desde que, siendo teniente de fragata, se integró en los grupos operativos del "grupo de tareas" conocido como GT 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Estos grupos, según el auto de procesamiento de Cavallo dictado por Garzón el 5 de octubre del 2000, "se encargan de las acciones consistentes en allanamientos, ejecuciones, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas elegidas".

Según el auto, "las decisiones sobre las detenciones, secuestros, allanamientos, se toman todos los días por los oficiales responsables, entre los que se encuentra Cavallo", y los detenidos eran "trasladados hasta la sala de tortura en la que ocasionalmente intervienen los miembros de los grupos operativos, como Cavallo, que con frecuencia alardea de ello ante los propios detenidos".

Cuando todo estaba preparado para señalar la vista oral, la sección tercera de la Audiencia Nacional decidió el 20 de diciembre de 2006 dar prioridad a la Justicia argentina, que le investigaba por los mismos hechos por los que estaba procesado en España.

En su resolución, el tribunal aseguraba que había podido comprobar que "de manera efectiva la jurisdicción penal competente argentina sigue hasta tres procesos por los mismos hechos e imputaciones que en el sumario" abierto en España por Garzón.

Las acusaciones recurrieron esa decisión y, el 18 de julio de 2007, el Tribunal Supremo la anuló y declaró la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar en España a Cavallo.


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