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El TC se queja a Zapatero de las críticas de Conde-Pumpido a la sentencia de 'Los Albertos'

El tribunal anuló la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Supremo impuso a los dos empresarios

Actualizada Jueves, 28 de febrero de 2008 - 13:51 h.
  • AGENCIAS. Madrid

El pleno del Tribunal Constitucional ha enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que rechaza las críticas del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a la sentencia por la que anuló la condena a Alberto Cortina y Alberto Alcocer por el "caso Urbanor".

En una escueta nota de prensa, el Constitucional ha informado hoy de que se ha dirigido al jefe del Ejecutivo "comunicándole su rechazo de las manifestaciones públicas del fiscal general del Estado en relación con la sentencia dictada en los recursos de amparo 1907 y 1911/2003".

El pasado día 20, el Constitucional anuló la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo impuso a los dos empresarios, conocidos como "los Albertos", por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor, al estimar que el Supremo no había aplicado correctamente la jurisprudencia sobre la interrupción del plazo de prescripción de los delitos.

Al día siguiente, Conde-Pumpido dijo en una rueda de prensa que discrepaba "total, radical y profundamente" de la sentencia y calificó la resolución de "muy preocupante" ya que, en su opinión, "da la vuelta" al derecho de tutela judicial efectiva que debe proteger en materia penal a los perjudicados y a las víctimas.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe consideran que la queja de los magistrados del Constitucional puede estar basada en la contradicción apreciada entre las críticas de Conde-Pumpido a una sentencia en la que se ampara a dos personas por la vulneración de sus derechos y varios de los preceptos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).

Éste establece, en su artículo 1, que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

Además, el artículo 3.3 establece el deber del fiscal de "velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas".

El Supremo había considerado el 14 de marzo de 2003 que "los Albertos" engañaron a sus socios al negociar la venta del conjunto de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las Torres KIO, en Madrid, revocando una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid, que en 2000 había absuelto a Cortina y a Alcocer al estimar que la estafa había prescrito.

La decisión de anular la condena dictada por el Tribunal Supremo ha provocado un nuevo enfrentamiento de este tribunal con el Constitucional, al que ha acusado públicamente de invadir sus competencias y de "desconocer" la Carta Magna, que establece que el Supremo "es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales".

La diferencia de criterio entre ambos tribunales radica en que mientras el Supremo considera que la mera presentación de una denuncia o querella sirve para considerar interrumpido el plazo de prescripción de un delito, el Constitucional cree que "se hace necesario que concurra un acto de intermediación judicial", como la admisión a trámite de la querella.


Comentarios
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  • Todo el mundo sabe la razón de que las Torres Kio estén inclinadas. Esto no habrá nadie que lo rectifique y perdurará para siempre. Por menos cantidad que Mario Conde le dió a la Pesoe, se instaló en la trena. Qué vergüenza señores.Memoria histérica.
  • Estamos en un País en el que las leyes, más que castigar, premian a los ladrones de corbata , pues estos no devuelven lo robado y tienen unas penas máximas que no sobrepasan los cinco años de cárcel. Y para una vez que todos creíamos que los delincuentes de los Albertos iban a la cárcel solamente para tres años ¡Qué chollo! Tres años por 4.000.000.000 de pesetas, va el TC y los exonera de ir a la cárcel para que puedan disfrutar mejor de lo estafado. Y todo esto por unos tecnicismos ya creados para que los GRANDES ESTAFADORES nunca vayan a la trena. En España la justicia solo sirve para meter a los pobres, siendo inocentes, en la cárcel, y para dejar en libertad a los ricos delincuentes. Estoy asqueado de semejante injusticia.
  • Si hos parece bien que dos estafadores se vayan de rositas a celebrarlo,genial.Me alegraria que los proximos estafados sean los miembros del TCjavi

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