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NACIONAL

El Supremo critica la absolución de los Albertos por el Constitucional

La sentencia por el "caso Urbanor" crea un precedente que puede dificultar la persecución de delitos de estafa

Actualizada Miércoles, 27 de febrero de 2008 - 04:00 h.
  • J.A.B. . COLPISA. MADRID

El Tribunal Supremo acordó ayer actuar de presa frente al criterio innovado por el Tribunal Constitucional respecto a la prescripción de los delitos económicos para anular la condena impuesta por el TS a los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el caso Urbanor y que, según los expertos, abría la puerta a la comisión de este tipo de ilícitos al dificultar sobremanera su persecución en la práctica.

De esta forma, mantendrá la jurisprudencia seguida desde años por la primera instancia jurisdiccional del país en todos los órdenes, una función consagrada en la propia Carta Magna, como recordaron los magistrados.

Los miembros de la Sala de lo Penal del alto tribunal -reunidos ayer durante más de tres horas para analizar las consecuencias de ese polémico fallo- consideran que el Constitucional "ha vaciado de contenido" el artículo 123 de la misma, donde se establece la preponderancia del Supremo como primer órgano judicial, "salvo en lo dispuesto en materia de garantías jurisdiccionales". Este, insisten, no era el caso de los Albertos, donde lo que se ha hecho es "interpretar la legalidad ordinaria", una cuestión que quedaría vedada al TC, que "no es ni una tercera instancia revisora ni tampoco una instancia casacional", como reconocen desde este último órgano.

Y es que ni siquiera parece existir unanimidad en el Constitucional a la hora de apoyar esta posible invasión competencial, puesto que la doctrina de su Sala Primera no coincide con la innovada por la Segunda en el caso de los Albertos, que incluso contó con un voto discrepante donde se advertía de los "efectos indeseados" que podía provocar en el sistema judicial, "convirtiendo una garantía a favor del reo en instrumento, o al menos causa involuntaria, de impunidad de las infracciones penales, propiciándose su prescripción".

Cuatro años de conflicto

Se pone así punto y seguido a cuatro años de enfrentamientos entre los dos órganos judiciales más importantes del país, si bien en esta ocasión la novedad es que el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, había tomado partida por el Supremo como "intérprete máximo de las leyes que elabora el Legislativo", que no de la Constitución. Conde Pumpido se mostró "convencido" de que Cortina y Alcocer cometieron los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil en la venta en 1987 de los terrenos que ocuparon después las torres KIO de Madrid.

El propio Constitucional reconoce en su resolución que los Albertos fueron condenados en mayo de 2003 en virtud de una prueba de cargo "suficiente" y "practicada con todas las garantías", lo cual no les impidió completar un controvertido cambio de doctrina que empezaron a preparar a principios de 2005. Antes compartían la jurisprudencia del Supremo, en el sentido de que para interrumpir el plazo de prescripción de un delito bastaba con la presentación de una querella.


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