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UGT aboga por una Ley Integral de Prevención de Riesgos Laborales

El pasado año, el sindicato realizó 721 visitas a empresas, la mayoría pymes, y efectuó 1.260 actuaciones

Actualizada Jueves, 21 de febrero de 2008 - 14:33 h.
  • AGENCIAS. Pamplona

La evolución en materia de prevención de riesgos laborales en Navarra es positiva, aunque aún quedan aspectos por abordar en esta materia, según la UGT que ha abogado hoy por la realización de una Ley Integral de Prevención de Riesgos Laborales.

En este sentido se han pronunciado el secretario de Acción Sindical de la UGT de Navarra, Mariano Zufía, y la responsable del gabinete de Salud Laboral, María José Latasa, quienes han presentado en rueda de prensa un informe sobre la evolución de la siniestralidad laboral durante el 2007 y las propuestas del sindicato para reducir esos accidentes.

En el 2007 la UGT ha realizado 721 visitas a empresas, la mayoría pymes, y ha realizado 1.260 actuaciones, en las que ha constatado que el 85 por ciento ha realizado una evaluación de riesgos inicial; un 45 por ciento ha realizado un plan de prevención, de éstas un 33 por ciento lo ejecuta y un 67 por ciento ha adaptado los equipos de trabajo a la normativa.

Según Latasa, los accidentes mortales en el trabajo se han reducido un 52,6 por ciento, con un total de dieciséis personas muertas, nueve en su puesto de trabajo y siete "in itinere". El total de accidentes en el trabajo ha aumentado un 3,5 por ciento; los accidentes leves (14.140) han aumentado un 3,6 por ciento y los graves (144) se han incrementado un 4,1 por ciento.

Por sectores, los accidentes laborales disminuyen en agricultura (5,3 por ciento) y construcción (3,8 por ciento) y aumentan en industria (3,2 por ciento) y servicios (9,9 por ciento).

Si se tienen en cuenta los accidentes "in itinere" el número total ha aumentado un 3,6 por ciento, según Latasa, quien ha apuntado que en el periodo estudiado, entre enero y diciembre, se incrementó la población trabajadora en 10.000 personas.

Más de la mitad de los accidentes se producen en empresas de cincuenta o menos trabajadores; casi la cuarta parte de los accidentes los sufren trabajadores con menos de tres meses de antigüedad y el 20 por ciento en colectivos especialmente sensibles como son los jóvenes y los mayores de 55 años, según Latasa.

Además, según ha dicho, se observa una disminución de la diferencia entre hombres y mujeres, aunque todavía ellos sufren alrededor del 80 por ciento de los accidentes, y hay menos diferencias entre la relación fijo/temporal.

La sindicalista ha incidido en que los accidentes sufridos por los inmigrantes son un 20 por ciento del total, y un 44 por ciento respecto a los accidentes mortales.

En esos casos, según Latasa, suelen coincidir situaciones de mayor precariedad y rotación, así como menor experiencia, una escasa adaptación y en algunos casos dificultades con el idioma, por lo que cree necesario facilitarles formación tanto en relación con su puesto de trabajo como con la prevención de riesgos laborales.

Respecto a las enfermedades profesionales ha señalado que la declaración de éstas no es uniforme, por lo que se producen diferencias significativas entre comunidades, situándose Navarra entre las que tiene un mayor número de enfermedades declaradas, con una por cada 187 trabajadores, lo que ha considerado positivo.

Como dato comparativo ha citado que en Canarias se declara una por cada 7.720 y a nivel nacional una por cada 1.202.

Tras calificar como "positivo" lo realizado hasta ahora, Zufía ha incidido en la necesidad de aprobar una Ley Integral de Prevención de Riesgos Laborales que unifique los órdenes jurisdiccionales y contemple un fondo de garantía para asegurar que el trabajador o su familia cobre, la reintegración de éste al mundo laboral, la actualización de las bases de cotizaciones, unos "baremos" similares a los de los accidentes de tráfico y la coordinación entre inspectores de trabajo, jueces y fiscales.

En el ámbito de Navarra, la UGT ha trasladado al Consejo de Salud propuestas como la elaboración de un proceso de solución de conflictos mediante el arbitraje, la creación de un registro del Gobierno para que se puedan suscribir quejas, la formación de los médicos de atención primaria en materia de salud laboral o la colocación de desfibriladores en lugares de afluencia de público.


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